El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), comparecerá este miércoles ante el Juzgado número 2 de La Laguna (Tenerife), en una citación que quedará grabada como la primera vez que un presidente en ejercicio rinde cuentas como imputado en España ante un juez "de a pie".

Canarias estrena esta Semana Santa y con la campaña electoral ya plenamente lanzada (la de las generales, pero también la de las autonómicas, insulares y locales del 26 de mayo) uno de los grandes cambios introducidos en la reciente reforma de su Estatuto, el primero que eliminó los aforamientos para los diputados de su Parlamento autonómico y los miembros del Gobierno.

Hasta la fecha, varios presidentes autonómicos han sido imputados en procedimientos penales e, incluso, algunos de ellos fueron juzgados y condenados estando en el ejercicio del cargo.

Pero lo han hecho siempre ante magistrados del Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma, en fase de instrucción, y ante la Sala de lo Penal de ese mismo órgano, durante el juicio; nunca ante el juez predeterminado por la ley para el resto de ciudadanos: el instructor al que le correspondiera el caso por turno de reparto en el partido judicial donde ocurrieron los hechos en litigio.

Tres comunidades autónomas más han iniciado el camino para eliminar de sus estatutos el aforamiento de los cargos políticos, Murcia, Cantabria y Baleares, pero solo Canarias lo ha culminado.

Así que cuando este miércoles Clavijo (CC) se siente ante la juez María Celia Blanco, asistido por abogado, José Antonio Choclán, para rendir cuentas sobre el llamado "caso Grúas", será la primera vez que una juez del primer escalón de la Justicia española interrogue como investigado a una primera autoridad del Estado (según la Constitución, todos los presidentes autonómicos tienen la representación ordinaria del Estado en su territorio).

En realidad, a Clavijo no se le reprocha ningún supuesto ilícito cometido durante su mandato como presidente del Gobierno de Canarias, sino una serie de hecho ocurridos en su etapa como alcalde de la ciudad de La Laguna (Tenerife) en los que los denunciantes observan indicios de prevaricación, entre otros delitos.

En concreto, se examina si las decisiones que el entonces alcalde de La Laguna tomó para permitir que el Consistorio concediera un préstamo a la empresa que gestionaba la grúa municipal, primero, y le prorrogara el servicio, después, fueron acordes a la ley.

El alcalde Clavijo hizo posible que se tomaran esos acuerdos al levantar los reparos formulados por el interventor del Ayuntamiento. Y la Fiscalía Anticorrupción aprecia en ambos casos indicios de que pudo actuar en contra de la legalidad a sabiendas, es decir, de que prevaricó, algo que rechaza de plano su defensa.

La causa ha llegado este momento, el de la de la citación del 17 de abril, tras varias vicisitudes: primero la juez que lo inició decidió archivarlo, luego la Audiencia de Santa Cruz la corrigió y ordenó investigar indicios complementarios que podían incriminar a Clavijo (ya presidente de Canarias), más tarde la juez se lo trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y, finalmente, este último se lo devolvió, porque con el nuevo Estatuto de Autonomía el presidente del Gobierno ya no era aforado.

La defensa de Clavijo niega que este cometiera delito alguno en estos hechos. El presidente de Canarias ha alegado en varias ocasiones que esta es una "denuncia política" (entre los denunciantes, figuran concejales de la oposición a CC en La Laguna) y que las decisiones que tomó sobre la grúa no solo fueron acordes a la legalidad, sino que beneficiaron a la ciudad.

Hasta hace dos semanas, la defensa del presidente de Canarias estaba dispuesta a seguir pleiteando ante el Supremo para que el caso correspondiera al Tribunal Superior de Justicia, ya que la juez de La Laguna se lo había elevado antes de reformarse el Estatuto, pero el pasado día 8 Clavijo retiró su recuso y pidió ser llamado "cuanto antes". La juez lo citó esa misma tarde: el 17, a las 9.30.