16 de abril de 2019
16.04.2019

Canarias le dicta a Madrid la receta para liberar los 500 millones de carreteras

El Ejecutivo regional envía al Ministerio una propuesta de real decreto con la fórmula legal para que el dinero no esté sometido a la ley de estabilidad La ministra Montero no responde a Dávila

17.04.2019 | 11:16
Rosa Dávila, en un reciente coloquio organizado por Prensa Ibérica en Canarias.

Los técnicos de la Consejería de Hacienda les han hecho la tarea a sus colegas del Ministerio que dirige la andaluza María Jesús Montero. Los funcionarios de la Comunidad Autónoma han plasmado en una propuesta de real decreto la fórmula para que el Archipiélago pueda disponer libremente de los 500 millones de la deuda de carreteras que Madrid ha colado en el superávit presupuestario de la región. Con el Gobierno central en funciones por la convocatoria de elecciones generales, en la Consejería que timonea Rosa Dávila han querido dar la tarea hecha a los técnicos del Ministerio de Hacienda, de modo que no haya excusas de falta de tiempo para sacar adelante el real decreto. La propuesta ya enviada al Departamento de Montero, a la que ha tenido acceso este diario, supondría eximir a Canarias de la limitación de gasto público que impone la normativa de estabilidad presupuestaria en lo relacionado con esos 500 millones. Un alivio para los próximos presupuestos autonómicos que, además, sería recibido como una señal de concordia tras meses de tensas relaciones entre los Gobiernos central y regional. Sin embargo, y como también ha ocurrido con anteriores requerimientos remitidos a Madrid, la ministra ni siquiera ha respondido a la carta enviada desde el Archipiélago, una misiva a la que se anexó el borrador de real decreto.

El silencio con que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha contestado tanto al decreto propuesto por la Consejería de Hacienda como a la petición para reunirse de Fernando Clavijo parece condenar a Canarias a tener que destinar los 947 millones de superávit que le impone Madrid para pagar deuda. Casi mil millones que acabarían en los bancos por la ley de estabilidad a pesar de que el Archipiélago es una de las regiones menos endeudadas del país. El caso es que la normativa que surgió en los años de crisis económica obliga a destinar el superávit presupuestario para devolver créditos. El Gobierno de Clavijo lleva tiempo pidiendo que se flexibilice la normativa para el caso de territorios que, como las Islas, hayan cumplido los objetivos de déficit y deuda. Lejos de conseguirlo, en el Ejecutivo regional han visto cómo los 300 millones de superávit crecían en unos 145 más por transferencias que llegaron al filo de 2019 y no dio tiempo a gastar y, sobre todo, los 500 millones de carreteras. Una cantidad que corresponde a los casi mil millones de euros que el Estado tiene que abonar a la Comunidad Autónoma por los impagos del convenio de carreteras durante los gobiernos del PP. Así lo ordena el Tribunal Supremo. A pesar de ello, Canarias no ha recibido ni un solo euro, lo que no ha evitado que el Ministerio de Hacienda haya incluido ese dinero en el superávit, invalidándolo para cualquier fin que no sea pagar deuda (existe la opción de las inversiones financieramente sostenibles, pero estas también restringen las posibilidades).

Así pues, el Gobierno autonómico, en el intento de evitar recurrir una vez más a la Justicia, ha enviado un real decreto listo para aprobarse en el Consejo de Ministros y excluir así esos 500 millones del corsé del control del gasto. Lo que propone la Consejería de Hacienda es, básicamente, que se libere esa cuantía de la obligación de destinar el superávit para pagar deuda. Es decir, que no le afecte lo dispuesto en el artículo 32 de la ley de estabilidad. Y, en paralelo, habría que excluir también esos 500 millones del cálculo del objetivo de estabilidad presupuestaria y, una vez gastados, del de la regla de gasto. Se trata de medidas excepcionales que, tal como consta en el borrador de real decreto, se justifican con el carácter también excepcional de unos ingresos cuyo origen está en los incumplimientos del Estado.

La propuesta del Ejecutivo canario es que los fondos se gasten libremente (en carreteras u otros fines) entre este año y 2023 en porcentajes crecientes.

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