La décima modificación a la ley turística de las islas verdes de 2002 ha cerrado hoy la actividad en el Parlamento de Canarias de la novena legislatura.

Ha sido una norma sin consenso, aprobada con los votos de CC, PP y ASG, si bien en el pleno ha habido algunos acercamientos en forma de enmiendas transaccionales con el PSOE y NC, al haber "modulado" los grupos proponentes sus pretensiones iniciales.

Por ejemplo, la norma ya no permitirá que los hoteles y casas rurales en terreno rústico puedan ser de nueva construcción, como se pretendía inicialmente, sino en edificaciones preexistentes.

Frente a las reticencias de la oposición, que apuntó en el caso de Podemos a que la pretensión real es "convertir las islas verdes en islas grises", en referencia al color del cemento, los grupos proponentes afirmaron que lo que se pretende es todo lo contrario.

Antonio Castro, de CC, aseguró que con esta reforma se pretende "corregir agravios" y evitar abandonos, que se vuelva a cultivar el suelo rústico abandonado y promover actividad económica porque "la gente se va y las tierras se abandonan".

El objetivo es dar seguridad jurídica, simplificar, porque "cuando la normativa se enreda los ciudadanos hacen las cosas fuera de la ley", y que las actuaciones se puedan tramitar por cabildos y ayuntamientos de forma directa, sin esperar ocho o doce años.

Lorena Hernández, del PP, dijo que este cambio de la ley es esencial, porque los anteriores han fracasado y en todos los años de vigencia "no se ha hecho ni una iniciativa de las previstas".

En las tres islas verdes "ya no queda nadie, nadie quiere quedarse porque no hay futuro" y por favorecer el turismo rural "las islas no se quedan grises", dijo, ya que se trata de poner en valor el paisaje como recurso en el suelo rústico.

"Nadie quiere destruir el paisaje, sino recuperarlo y ponerlo en valor y convivir con un turismo rural sostenible", dijo.

Jesús Ramos, de ASG, afirmó que no es una apuesta por el desarrollismo sino por el desarrollo sostenible en unas islas que se están despoblando.

Nayra Alemán, del PSOE, denunció que en la ley original se pretendía que el turismo fuera un complemento a las rentas del sector primario, pero ahora se planteaba que el uso ordinario del suelo fuera el turístico y que las casas y hoteles rurales fueran de nueva edificación.

También se preguntó cómo se va a evitar que los alojamientos de pequeña dimensión no acaben siendo de uso residencial.

Manuel Marrero, de Podemos, anunció que su grupo estudiará la ley con vistas a un posible recurso de inconstitucionalidad porque "se ha retorcido la legalidad" y no se ponen trabas a que el suelo agrícola se convierta en urbanizable.

Esta ley "obedece a intereses especulativos para que la construcción pase de las costas a las medianías" y eso no va a solucionar el problema de la gente que vive en esas islas.

Luis Campos, de Nueva Canarias, afirmó que en las nueve modificaciones anteriores de la ley siempre se dijo que era para cambiar la situación de las islas verdes y eso nunca ha ocurrido, así que ahora de nuevo se dan "palos de ciego" a ver si se acierta con la piñata.

Admitió que los grupos proponentes han modulado sus pretensiones iniciales, "pero sigue habiendo cuestiones que hacen imposible" el apoyo de Nueva Canarias.