Canarias
VICENTE GARRIDO FISCAL GENERAL DE CANARIAS

"En mi relevo en la Fiscalía influyen razones de carácter ideológico"

Vicente Garrido (Madrid, 1955) es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e ingresó en la carrera fiscal en el año 1982. El fiscal jefe superior de Canarias ha sido relevado por Luis del Río, responsable de la Fiscalía Anticorrupción. Pese a que siete miembros del Consejo Fiscal apoyaron su candidatura, contra cuatro a favor de su contrincante, María José Segarra, fiscal general del Estado, nombró a Luis del Río. Deja el cargo tras diez años.
F. Marimón, Las Palmas de G.C.
17/mar/19 6:50 AM
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"En mi relevo en la Fiscalía influyen razones de carácter ideológico"

F. Marimón, Las Palmas de G.C.

¿Qué se ha encontrado en sus años de ejercicio en 2003 como jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y después, en 2008, como jefe Superior de la Comunidad Autónoma y qué deja ahora?

En la administración de Justicia ha habido un cambio exponencialmente grande a mejor en cuanto a medios materiales y medios personales. Insuficientes. Pero si me habla de evolución sí se ha producido una evolución muy importante. Era una Fiscalía canaria más desorganizada, más reino de Taifas, y hoy en día creo que el principio de unidad de actuación, con la creación fundamentalmente de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, mejora.

Pero hay colapsos en la justicia, retrasos en casos de corrupción que tardan muchos años.

El retraso por supuesto existe. Creo que uno de mis máximos retos como fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia fue procurar que los procedimientos no se eternizasen. En este despachito tuve delante de mí una persona que habló conmigo de lo que él entendía que había sido una injusticia. Era el fallecido Carmelo Padrón. Nunca tuve intervención en su asunto y vino a mí después de una sentencia absolutoria expresándome su disgusto, su desazón, y quién le iba a indemnizar todo lo que había pasado. Fueron 14 años. Le comprendí y en mi fuero interno pensé: no puede ser que bajo mi responsabilidad los procedimientos se eternicen tanto, porque un procedimiento judicial que se eterniza no proporciona justicia. Y ese ha sido unos deseos y anhelos en mi ámbito de fiscal jefe del TSJC.

Siete a favor de usted en el Consejo Fiscal, cuatro en contra, y la fiscal general del Estado, María José Segarra, nombra a Luis del Río como fiscal Anticorrupción. ¿Qué valoración le merece? Con el corazón.

Con el corazón le digo lo siguiente. La primera sensación que yo tengo es de una gran satisfacción porque la mayoría de los vocales que forman parte del Consejo Fiscal valoran mediante su voto el ejercicio de mi gestión y el proyecto de futuro, y lo valoran hasta el punto de apoyarme con un voto, y hay otros vocales que, sin darme ese voto, también, según me han manifestado, valoran y reconocen la labor realizada, incluida la propia fiscal general del Estado, que me manifestó posteriormente que valora mucho mi gestión.

¿Y por qué Segarra no le hace caso al Consejo Fiscal?

Bueno, es una decisión que le corresponde a ella y no dudo que lo que influyen son razones de carácter ideológico y punto.

¿Porque Luis del Río es progresista?

No, progresista no es. Pertenece a la Unión Progresista de Fiscales.

Como ella.

Como ella. Quiero decir que es una razón legítima. Necesidad de renovación, necesidad de cambio, pero yo, en mi interior, entiendo que lo que existe es una prevalencia de criterio ideológico fundamentalmente.

¿Y eso es normal?

Esa es mi consideración. Las razones que se argumentan son otras. A pesar de mi trayectoria, a pesar de mi esfuerzo, a pesar del reconocimiento de los siete vocales, ella, la fiscal general, considera que es necesario una renovación porque son muchos los años que llevo ejerciendo en el cargo de fiscal jefe en la Fiscalía Superior de Canarias.

¿Hay independencia de la Fiscalía General del Estado del poder político?

Desde 1982, que entré en la Fiscalía, nunca he percibido la influencia política asociada a partidos políticos o gobiernos en la actuación del ministerio fiscal ni en la Fiscalía General del Estado ni en la Fiscalía de Canarias ni en la Fiscalía Provincial de Las Palmas.

Entremos en cuestión de actualidad. Usted acaba de decir que Carmelo Padrón le transmitió su queja porque se dilatan mucho los procedimientos. En el 'caso Grúas' se ha dicho que usted, o la Fiscalía en general, ha alargado mucho el procedimiento. Llevan casi dos años. ¿No es demasiado tiempo para determinar después que no es competente?

Lo dije y lo digo ahora. Yo creo que un procedimiento que se inicia en el año 2017 y en el año 2018, septiembre, octubre, noviembre, en el ámbito de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma se acuerda que no es competente, personalmente, no me parece una demora excesiva respecto a la actuación del ministerio fiscal y del propio procedimiento. Estamos hablando de un procedimiento que lleva un año y medio aproximadamente. Joroba, ojalá que el caso Grúas y otros casos finalizasen o concluyesen en un espacio de tiempo cercano al año y medio.

¿Qué puede pasar a partir de ahora?

Lo que pueda pasar a partir de ahora lo desconozco. El asunto llegó en noviembre o diciembre del año pasado, se toma la decisión por parte del TSJC de remitirlo a La Laguna y estamos en el mes de marzo y el asunto está estancado, pero no está estancado por la gestión de jueces o fiscales en este procedimiento, es porque el estado de derecho permite el ejercicio de derechos que dan lugar a la interposición de recursos, presentación de recursos y resoluciones de recursos y cuando hablamos del cómputo total hagámoslo extensivo. Los procedimientos se dilatan en el tiempo, muchas veces por la actuación procesal de la parte al que afecta.

Entremos en el fondo de la cuestión. Existe un informe de la Fiscalía de Canarias que se mandó a la Fiscalía General que concluye que no hay delito por parte del presidente, Fernando Clavijo.

No, niego la mayor. Existe un informe, pero no le voy a decir el sentido de ese informe.

Pero lo hemos publicado y nadie ha rectificado...

Yo he dicho muchas veces que no le voy a decir el sentido del informe. Si usted dice que es de archivo del caso me parece bien, usted sabrá. Yo lo que digo es que niego que el sentido del informe sea el que usted dice. Porque ese informe, como tal informe, vuelvo a repetir, es inexistente procesalmente hablando. No tiene ningún valor procesal.

¿No lo validó Fernando Rodríguez Rey, jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado?

Lo que yo recibí de la Fiscalía General del Estado a través de la secretaría técnica, que es mi obligación de dación de cuenta, es que se debía pedir la remisión al juzgado de La Laguna porque habíamos dejado de ser competentes por razón de la pérdida del aforamiento.

Ustedes envían un informe antes de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, que elimina los aforamientos, ¿qué informe envían?

Un borrador de un trabajo hecho.

¿Y en ese trabajo qué se concluye?

No lo puedo decir porque es un trabajo inexistente. Es tan trabajo como sus borradores cuando usted escribe un libro o como los esquemas de una pintura.

Vale. Y si no se hubiera aprobado el Estatuto de Autonomía porque era una ley que se tenía que aprobar y de repente un partido la retrasa, ¿qué pasaría con ese informe o borrador?

Estamos hablando de un futuro.

Pero podía haberse dado.

Imagínese que esa ley no se aprueba. Estoy convencido de que nuestro informe no hubiera sido el que fue.

¿El de que el TJSC no es competente?

Claro.

¿Hubiera sido en el sentido del que mandaron, el del borrador que archiva el caso?

Hubiera sido el que hubiera sido, pero no el de competencia, que es el que se mandó, porque curiosamente no podemos hablar de hipótesis porque lo que ocurrió es lo que ocurrió...

No, lo que ocurrió es que se esperó a una ley. ¿Es normal que se espere a la aprobación de una ley sabiendo que puede que no se apruebe?

Mire, eso es superfrecuente. Desde que soy fiscal y se reforma el Código Penal en los primeros albores de mi estancia en esta carrera se produjo una reforma sustancial, dejó de ser delito la conducción sin permiso. Teníamos encima de la mesa cientos de procedimientos que ya estaban pendientes para juicio y había otros cientos que ni siquiera estaban calificados y la ley tenía un vacatio legis de seis meses. Fíjese usted, todos esos procedimientos se paralizaron lógicamente. No tenía sentido trabajar durante seis meses imponiendo condenas, porque la ley estaba aprobada pendiente de entrar en vigor. Porque es nuestra obligación. Nos dan traslado, elaboramos un borrador y en el transcurso de ese borrador surge un hecho nuevo que es determinante para la competencia.

¿Por qué no me dice el sentido de ese borrador?

Porque no le voy a decir el sentido de algo que no existe.

Nosotros hemos tenido acceso y no hay delito...

No parece ser eso el sentido de lo que actualmente dice la Fiscalía.

¿Cómo?

Yo solamente digo que el devenir de los acontecimientos, de momento, el que lo asuma la Fiscalía Anticorrupción, normalmente, y sin ánimo de prejuzgar, la Fiscalía Anticorrupción no asume asuntos de este tipo.

¿Es normal que la Fiscalía Anticorrupción asuma este asunto de 120.000 euros, tan pequeño y además se devolvió el crédito?

Es una decisión de la Fiscalía Anticorrupción, no conozco la fundamentación ni la argumentación que ha tenido ni el proceso de reflexión que ha tenido la Fiscalía Anticorrupción, lo desconozco.

Pero me está diciendo que lo iba a asumir.

Le estoy diciendo que lo ha asumido, que nos hemos enterado todos porque ha llegado un oficio de la Fiscalía Anticorrupción que lo ha asumido.

¿Y qué significa que lo asuma?

Desde el punto de vista procesal significa que si en el ámbito normal es la Fiscalía provincial la encargada de despachar ese pleito, en el ámbito de la Fiscalía ese pleito se sustrae, deja de ser competente la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife para asumirlo la Fiscalía Anticorrupción, de tal manera que cualquier decisión que se tome, cualquier petición de informe, cualquier cosa que se haga, va a ser visado, valorado y analizado por la Fiscalía Anticorrupción.

¿Ve algún indicio de delito?

No puedo opinar en el estado en que estamos en este momento porque el asunto está judicializado y está en órgano judicial y pendiente de valoración. Me imagino que el procedimiento todavía tiene el recorrido necesario de una mínima investigación.

¿Pasará al Tribunal Supremo?

Ese es otro tema. El procedimiento no está en el Supremo, a día de hoy está en el Juzgado número 2 de La Laguna. Ahí está el procedimiento, porque el TSJC declinó su competencia y hay un recurso de casación pendiente de resolución. ¿Pero qué puede pasar? No es que el procedimiento no esté en La Laguna, sigue en La Laguna, lo que puede pasar es que el Supremo le diga al TSJC que se equivocó y su competencia es suya y nos pongamos en la casilla de salida. O diga, señor recurrente, no lleva razón, la competencia está bien hecha y el competente es el juzgado de La Laguna.

Y en ese caso, ¿qué Fiscalía se haría cargo?

La Fiscalía Anticorrupción. Y, conociendo la trayectoria de la Fiscalía Anticorrupción, aun cuando la competencia judicial varíe, creo que la competencia de la Fiscalía seguirá en Anticorrupción. No conozco ningún caso que asumiendo la competencia el fiscal Anticorrupción luego haya renunciado a esa competencia.

¿Es normal que asuma casos de este tipo la Fiscalía?

Bueno, no sé, no le puedo decir... Es un proceso de reflexión que no he hecho ni sé. No le puedo informar.

Es, cuanto menos, un proceso enrevesado, anómalo, el juzgado de La Laguna lo cierra, la Audiencia de Tenerife lo abre, va al TSJC, luego vuelve a La Laguna... ¿Puede que haya intereses políticos en este proceso?

Bueno, yo creo que no. Pero las partes son libres de opinar lo que quieran. Personalmente, creo que es un procedimiento judicial como tantos procedimientos judiciales, con puntos de vista distintos.

¿Es normal que un presidente se vea en esta situación? ¿No se debía haber agilizado?

Es que las partes cuando presentan muchos recursos están ejerciendo un derecho y veo que ese ejercicio de defensa va unido a una técnica dilatoria. Y no digo que sea el caso, digo que se da con mucha frecuencia el caso. Claro que no es normal que ni él ni ninguna persona deba verse envuelta en una situación de este tipo y por lo que tiene de trascendía la figura de un presidente de la Comunidad Autónoma creo que no debería verse envuelto en esa situación.

Cree usted que la Fiscalía ha actuado correctamente. Usted dijo que como era un caso insólito donde desaparecían los aforamientos a lo mejor otro tribunal debería resolver sobre la competencia y, sin embargo, en el auto del TSJC dice que no es recurrible.

Eso es técnica procesal. Le hago el esfuerzo de explicarle lo que significa. Nosotros, en nuestro discurso de reflexión, a la hora de emitir un informe dijimos con claridad y contundencia que el TSJC había dejado de ser competente. Punto. Esa fue la premisa fundamental. En el devenir de la reflexión no ocultamos, porque es una cuestión novedosa ciertamente, que sería conveniente un conocimiento de un tribunal superior. Creo que es una reflexión que nada empaña el sentido del informe y, por supuesto, cabría un recurso, pero yo, personalmente, en mi humilde opinión, creo que no cabe un recurso de casación a pesar de que se ha interpuesto y sí cabe un recurso de queja al Supremo y el Supremo va a valorarlo.

¿Tiene algo que ver el nombramiento de Luis del Río como jefe superior de Canarias con que este tema lo asuma ahora la Fiscalía Anticorrupción?

Personalmente creo que no. Yo creo que no, sinceramente, pero es mi opinión personal.

¿Está a favor de que desaparezcan los aforamientos en el Gobierno de Canarias y en el Parlamento?

Creo en principio que sí.

¿No queda un poco vacía la labor del TSJC?

No se crea, hay mucho trabajo ahora con las apelaciones que proceden de las audiencias provinciales, muchísimo trabajo, es decir, que eso de que no queda trabajo, no... Si anualmente se estuvieran instruyendo 20, 30, 40, 100 casos de personas aforadas, diríamos , ¡uff , qué alivio! Pero mire, en los tiempos que llevo en Canarias de fiscal superior los procedimientos con aforados políticos escasamente llegan a dos, tres, cuatro al año. Que le quiten al TSJ y a la Fiscalía dos, tres procedimientos al año o no creo que es intranscendente para la actividad procesal.

¿Es Canarias más corrupta que otras comunidades?

Depende. Todos los territorios que tienen un importante desarrollo económico se prestan a fórmulas o figuras cercanas a la corrupción, todo el litoral del Levante español, o en todo lo que es Baleares se produce más corrupción... Canarias no es ni más ni menos que un territorio en el que existe actividad y desarrollo económico y, por tanto, actividades cercanas a la corrupción. Tampoco creo que Canarias sea un territorio más corrupto con más índice de corrupción que otros territorios de España, estamos en la media general de España.

Usted ha llevado muchos casos, como el del juez Salvador Alba, ¿le hace daño a la justicia?

La justicia queda tocada cuando los comportamientos de los que participan en la administración de justicia tendrían que ser un ejemplo de pulcritud, transparencia y de honestidad y queda en entredicho. La justicia, que sociológicamente no goza de muy buena salud en general, ese procedimiento y otros similares no ayudan a mejorar los índices de credibilidad o de aceptación hacia lo que es la administración de justicia.

¿Qué casos le vienen en mente en estos quince años? Échese flores.

Hay dos tipos de actuaciones; las actuaciones procesales, afortunadamente pocas referidas a personas aforadas, y en ese sentido me cuelgo alguna como la actuación con el que fuera presidente de la Audiencia provincial de Las Palmas. También tengo en mente juicios complejos contra un alcalde de un ayuntamiento de la provincia de enfrente que era diputado regional, pero son pocos casos. Creo que la importante labor como fiscal superior durante estos quince años es esa función de director del ministerio fiscal del territorio.

¿Se ha sentido frustrado por algún caso que haya perdido?

En absoluto, y como ministerio fiscal no he perdido ningún caso y, como todo el mundo, los juicios que he celebrado en algunos me han dado la razón y otros no...

¿Es bueno que los jueces o fiscales se presenten a políticos?

No tengo ningún inconveniente. Lo que no me parece razonable es la vuelta al ejercicio profesional de la judicatura o de la fiscalía después de haber abandonado la política.

Lo digo por un caso concreto, Victoria Rosell, que se incorporó so bre la marcha.

No hable de un caso concreto. Yo creo que debería no volverse tan pronto al ejercicio profesional después de haber ejercido la política.

¿Qué proyecto presentó a su candidatura?

Presenté un proyecto sobre dos ideas fundamentales. Una es el desarrollo final tecnológico del sistema de Atlante hacia el expediente digital. Me siento orgulloso de haber participado activamente en lo que es pionero en España y que es el mejor sistema de gestión procesal pero falta un poquito para obtener el papel cero. Y otra materia esencial es el desarrollo de la nueva oficina fiscal y al respecto he trabajado muchísimo junto con los fiscales jefes provinciales de las Palmas y de Tenerife en el desarrollo de esa oficina fiscal hasta el punto de un desmenuzamiento de los manuales de puesto y de procedimiento que tenían que ponerse en marcha.

¿Qué va a hacer?

Seguir trabajado en la Fiscalía Superior.

Ahora será su jefe Luis del Río.

Por supuesto, encantado además...

¿Se va a dedicar a política?

No, no...

 

VICENTE GARRIDO FISCAL GENERAL DE CANARIAS