La Audiencia de Cuentas de Canarias le ha comunicado a 16 municipios isleños y a 10 mancomunidades de diverso tamaño y cometido la retención del 2% de pagos que les corresponden de otras administraciones por no colaborar en la fiscalización de su gestión que tiene encomendada este órgano. Este porcentaje obedece al cambio de la ley que regula la Audiencia de julio de 2017, con el que se pretende castigar a las entidades públicas poco transparentes, lo que supone cifras retenidas considerables en ciertos casos.

Entre esos 16 consistorios, destaca el de Santa Cruz de Tenerife, mencionado, encima, en dos ocasiones por sendos incumplimientos. En concreto, el Ayuntamiento capitalino, junto al de Tazacorte (La Palma), es censurado por no remitir telemáticamente los extractos de los expedientes de contratos y la relación anual de los celebrados en el sector público de la Comunidad durante 2017.

Además, Santa Cruz también entra en el apartado de los que incumplen la instrucción para remitir los convenios y sus relaciones anuales. Eso sí, en este caso le acompañan los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y Tazacorte (La Palma), Santa Lucía de Tirajana y Agaete (Gran Canaria), Santiago del Teide (Tenerife), Puerto del Rosario (Fuerteventura), Valle Gran Rey (La Gomera) y Arrecife y Teguise (Lanzarote). En el apartado de fiscalización de 2017, entran las corporaciones de Icod de los Vinos (Tenerife), Santa Brígida y Mogán (Gran Canaria), así como Tinajo (Lanzarote).

Estos incumplimientos han sido informados a los consistorios el 16 de noviembre pasado y el 29 de enero de este año.

En el caso de las mancomundades, el apartado de contratos de 2016 ha sido incumplido por la de San Juan de la Rambla y La Guancha, la de Gran Canaria para potenciar las energías renovables, la investigación y desarrollo, y la de Isla de Lanzarote (Rensuital). Estas dos últimas también incumplieron la fiscalización general de ese año, mientras que la conejera y la de esos municipios del Norte tinerfeño lo hicieron con los contratos de 2017 y con los acuerdos en pleno, de la junta de gobierno o del presidente sobre los reparos de los interventores, respecto a anomalías de ingresos u omisión del trámite de fiscalización previa.

También se incluye a las de Centro-Sur de Fuerteventura, Garachico-El Tanque, la de Municipios de Montaña no Costeros de Canarias, la del Nordeste de Tenerife, Sur de Lanzarote Yaiza-Tías, Isla de Lanzarote, de Municipios de Las Medianías de Gran Canaria, Norte de Tenerife y la de San Juan de La Rambla-La Guancha por la fiscalización de 2017.

Por otro lado, y en declaraciones a El Día, el presidente de la Audiencia, Pedro Pacheco subrayó ayer que la auditoría de la cuenta del Gobierno regional de 2017 obtuvo una calificación "favorable con salvedades" (la segunda mejor). Esos reparos se refieren a la previsión "anormalmente baja de los derechos pendientes de cobro y su posible afección al remanente". El informe cuestiona el importe de libre disposición por usarse como soporte para un crédito de 108,2 millones, dado el porcentaje de cobro de 2014 a 2017, si bien esa cifra quedó compensada luego con el saldo positivo de ese año.