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GRAN CANARIA CABILDO

Rodríguez dice que no ha tenido nada que ver en la compra de suelo rústico a su familia

Las Palmas de Gran Canaria, EFE
18/ene/19 20:03 PM
eldia.es
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (d), y el presidente de su partido, Nueva Canarias, Román Rodríguez./Ángel Medina G.

Las Palmas de Gran Canaria, EFE El presidente de NC, Román Rodríguez, ha asegurado que no ha tenido "nada que ver" en el expediente por el cual el Cabildo de Gran Canaria, gobernado por su partido, ha comprado suelo rústico a su familia por cuatro millones de euros y ha invitado a recurrirlo a quien se sienta perjudicado.

El diario "La Provincia" publica este viernes que el consejo de gobierno insular acordó el 28 de diciembre comprar por cuatro millones de euros tres fincas en el macizo de Amurga con una superficie total de 446 hectáreas a familiares de Román Rodríguez, en concreto a su esposa y a varios de sus cuñados.

"No he tenido, por supuesto, nada que ver en ninguna fase de ese proceso realizado por los servicios técnicos de la Administración insular. Un procedimiento que confío haya cumplido con la normativa vigente", señala el líder de Nueva Canarias, en un comunicado.

Rodríguez explica que los terrenos a los que ha comprado el Cabildo de Gran Canaria en esa zona de cumbre de los municipios de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana "son propiedad de un grupo de 22 personas, fruto de la herencia familiar".

El político nacionalista confirma que entre esas personas está su esposa, Myriam González, con la que lleva casado 30 años, pero precisa que las propiedades heredadas de su mujer "no forman parte de los bienes gananciales" del matrimonio.

"Se trata de suelo rústico que el Cabildo de Gran Canaria adquiere, como hacen otras corporaciones insulares de las islas, con el fin de proceder a su reforestación y a la conservación medioambiental de la isla", señala.

El presidente de NC argumenta que, "tal y como ha explicado el Cabildo", ese suelo ha sido adquirido "mediante un procedimiento de convocatoria pública reglado, en el que la institución pública fija las condiciones y el precio, pudiendo participar en el mismo quienes quieran concurrir previa aceptación de las condiciones establecidas en la citada convocatoria pública".

Y añade: "Como ocurre en un estado de derecho, quienes entiendan sentirse perjudicados por la misma pueden y deben recurrir en los tribunales".

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