La consejera de Hacienda del Gobierno canario, Rosa Dávila, tuvo que defenderse ayer de las críticas de la mayoría de grupos de la oposición por la salud económica y financiera de la Comunidad, pero, sobre todo, del informe del pasado diciembre de la Audiencia de Cuentas sobre la fiscalización contable del ejercicio de 2017. Mientras Dávila insistió en diversas ocasiones en que han presentado las correspondientes alegaciones al órgano, al que no paró de elogiar, grupos como el PSOE, NC, Podemos y, en parte, también ASG y hasta el PP, le censuran lo que consideran un "maquillaje" de las cuentas desvelado por ese análisis.

En dos comparecencias distintas, las alusiones al informe fueron constantes y diputados como Iñaki Lavandera (PSOE), Manuel Marrero (Podemos) Esther González (NC) censuraron que el Gobierno haya alardeado hasta ahora de superávit cuando la Audiencia lo niega y, además, "le pide que no sigan por esa senda", según recordó González.

La diputada de NC, además, cree muy alarmante que, desde 2012, queden pendiente de cobro unos 600 millones, así como que se aluda a 400 millones de subvenciones aún no justificados. En este sentido, Melodie Mendoza (ASG) preguntó por el cambio del sistema informático y si ha funcionado.

Marrero censuró lo que considera un control totalmente insuficiente de los recursos e ingresos públicos, mientras que Lavandera recordó que, en 2017, la Audiencia constata un total de 354 millones de euros incobrables, lejos de los 282 millones de superávit de los que habló CC, entre otras cosas para reivindicar su uso al Estado. A su juicio, ha habido ineficacia y se han "falseado" las cuentas.

Dávila, con el refuerzo del portavoz de CC, José Miguel Ruano, consideró que lo lógico hubiera sido que el informe de la Audiencia fuera expuesto por su presidente en comisión antes de ser debatido en el pleno, en lo que coincidió con Estalella (PP). No obstante, rechazó con contundencia gran parte de las críticas y, sobre la situación financiera, recalcó que Canarias no tiene problemas de tesorería y explicó que el remanente que cuestiona la Audiencia se debe a calcularlo mal por incluir fondos pendientes de cobro de origen comunitario.