Los colegios de Trabajo Social de Canarias han pedido hoy que se retire el proyecto de decreto que regula el reconocimiento de la situación de dependencia al considerar que no resuelve los problemas reales y las "graves deficiencias" del servicio, y supone un "claro retroceso".
En un comunicado los colegios oficiales de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife han advertido de que la aprobación del actual texto podría suponer el colapso del "frágil" sistema de servicios sociales municipales.
Los colegios profesionales han considerado que el compromiso para agilizar la gestión de la dependencia se demuestra con el aumento de la financiación para que pueda contarse con los recursos humanos, de infraestructura, tecnológicos y materiales que posibiliten la resolución de los expedientes que se establece en esos decretos, así como el acceso efectivo a los servicios y prestaciones a los que tiene derecho la ciudadanía canaria.
Las entidades profesionales también han asegurado que es necesario aumentar la cartera de servicios y prestaciones para intentar que las personas puedan permanecer en su entorno con todos los apoyos necesarios para realizar las actividades básicas de la vida diaria y que se cumplan sus derechos.
Asimismo, han indicado que es "preocupante" que el procedimiento propuesto no se enmarque en su totalidad dentro del ámbito de actuación de la ley de Servicios Sociales actual y futura y han remarcado que los cambios en procedimientos de estas características deberían ser trabajados con el personal directamente implicado.
El proyecto de decreto que impulsa el Gobierno canario, según la nota, plantea que los servicios sociales de atención primaria municipales puedan ser los que hagan las valoraciones que hasta ahora se ha realizado por personal de la comunidad autónoma.
Los colegios profesionales han recordado que el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia es ante todo una competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias y han afirmado que, teniendo en cuenta la "complejidad" del proceso y la necesidad de contar con personal con formación, esta tarea de valoración "no debe ser encomendada a otras administraciones".
Las entidades profesionales también han denunciado que el proyecto de decreto no resuelve otras carencias como “la falta de registro específico, inexistencia de un servicio de Información eficaz a la ciudadanía propio de dependencia, instalaciones que no responden a las necesidades del Servicio, inexistencia de un sistema de archivo centralizado, inoperatividad de los programas de gestión de expedientes, falta de dotación en las islas no capitalinas”.