Al igual que cualquier arrendador está pendiente del estado de sus inmuebles, el Gobierno de Canarias también vela por que el parque público de viviendas esté en óptimas condiciones para sus arrendatarios.

La responsable de que todo esté en perfecto estado es la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, quien reconoce que la crisis afectó a su departamento, al impedir que la acción de mantenimiento y rehabilitación fuera "la más adecuada".

No obstante, con el fin de ponerse al día, el año pasado se adjudicó un contrato por valor de 3.200.000 euros, destinado a obras de rehabilitación en las quince mil viviendas que conforman el parque público del Gobierno de Canarias durante el periodo 2017-2018. Los trabajos previstos incluyen fachadas, impermeabilización, ventanas, saneamiento, etc.

A las labores de rehabilitación hay que sumar las de mantenimiento -rotura de alguna tubería, humedades...-, las típicas incidencias del día a día a las que el Instituto Canario de Vivienda tiene que hacer frente como dueño de los inmuebles. Para ello se hizo uso de los créditos asignados al citado departamento.

Una vez superada la etapa de vacas flacas, De León anuncia que desde el departamento que dirige están elaborando un plan integral de rehabilitación del parque público y, con este fin, prevén realizar, de forma insularizada, un análisis o diagnosis de las quince mil viviendas, para establecer cuáles son las necesidades que presentan y hacer una programación.

Aunque no es necesario incorporarlo al Plan de Vivienda, pues este "lo que plantea son programas y ayudas para acceder a una casa" y la rehabilitación es "una actuación de vida -si tienes una propiedad que se deteriora, debes arreglarla-", la intención es incluirlo en el citado documento.

Junto a la rehabilitación del parque público y su mantenimiento -y sin tener en cuenta la obra nueva social-, el Instituto Canario de la Vivienda también contempla toda una serie de ayudas destinadas a la edificación privada, que han servido para tirar del sector de la construcción en los peores momentos de la crisis.

Es el caso, por ejemplo, de las ARRU (Áreas de Regeneración y Renovación Urbana), en las que se invierten "muchos millones de euros". El año pasado, sin ir más lejos, se formalizaron 21 actuaciones, a las que se destinaron 30 millones de euros. Su plazo de ejecución son cuatro años.

Igualmente hay ayudas a la rehabilitación de edificios privados. El montante para este capítulo el año pasado ascendió a un millón ochocientos mil euros.

De cara al futuro, y así vendrá recogido en el Plan Canario de Vivienda que se está elaborando actualmente, está previsto sumar ayudas específicas a la eficiencia energética y a la accesibilidad.

Hasta ahora se contemplaban aportaciones para la accesibilidad y la eficiencia energética dentro de la rehabilitación edificatoria, pero, según De León, el Gobierno que preside Fernando Clavijo "quiere que exista una ayuda específica" para ambas materias pues, en su opinión, "es algo muy importante".

Del mismo modo, está previsto añadir otra línea específica más para las viviendas unifamiliares, independientemente de si están en el ámbito rural o en el urbano. Esta ayuda ya se contemplaba hace años, según apuntó la directora del Instituto Canario de la Vivienda, pero desapareció después de la crisis.

Ahora el propósito es recuperarla, ya que "hay muchas familias que tienen su vivienda, pero carecen de capacidad económica o recursos para arreglarla o cambiar una bañera por un plato de ducha, por ejemplo".

Esta ayuda nada tiene que ver con las que estén contempladas en otros departamentos adscritos a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Viviendas, pues la justificación que se tendrá que presentar no será de carácter social.

Pino de León apuntó que el sector de la construcción y el Instituto Canario de la Vivienda caminan muy pegados y que en la medida que el músculo financiero de este último se desarrolle, el primero se verá fortalecido, pues al final, bien sea con la contratación directa para efectuar obra nueva, rehabilitar o realizar labores de mantenimiento, o con el dinero aportado a través de la ayudas, las empresas se verán beneficiadas, ya que tendrán que ser contratadas.

Mención a Tacoronte

La directora del Instituto Canario de la Vivienda quiso "poner en valor" la actitud del Ayuntamiento de Tacoronte en materia de rehabilitación, pues el año pasado aportó 150.000 euros para el parque público que el Gobierno tiene en el municipio. Según Pino de León, aunque la propiedad y la competencia, u obligación, sean de la Comunidad Autónoma, "es evidente que cumple un servicio público, al garantizar el derecho a la vivienda de los ciudadanos". A su juicio, es bueno aunar esfuerzos por parte de todas las administraciones.

Calidad de vida

De León aclaró que no se trata de eludir responsabilidades, ya que insistió en que es una obligación del Gobierno, pero "se consigue mucho más si existe, como en este caso, colaboración", ya que con los 150.000 euros del Instituto Canario de la Vivienda se podría hacer una única actuación o quizás dos y al sumar el dinero del ayuntamiento se intervino en todo el parque público y, al final, que es lo importante, "se genera calidad de vida" en los ciudadanos de ese municipio.