El vicepresidente del Gobierno regional, Pablo Rodríguez, se reunió ayer en Bruselas, entre otros, con el director de Aviación de la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea, Filip Cornelis, y comprobó las reticencias de la UE a fijar una Obligación de Servicio Público (OSP) en el corredor aéreo Canarias-Península, de manera que se fijen precios máximos de referencia.
Tras la cita de ayer y lo dicho en la comisión parlamentaria del pasado martes, Rodríguez matizó que ya ha habido contactos con la CE para lograr esta OSP y que, de hecho, lo ha vuelto a plantear tras su compromiso con los grupos. Sin embargo, considera que la mejor fórmula para abaratar los billetes sigue siendo que la subvención estatal pase del 50 al 75% para los residentes canarios, tal y como defienden los partidos en el contexto de la negociación del nuevo presupuesto estatal.
Según recalca, y como ya advertía en la comisión, la existencia de 6 compañías aéreas que operan entre las Islas y el resto de España (a las que se suma ahora una séptima) complican esa declaración, sobre todo porque se garantiza la frecuencia y calidad del servicio. Es más, incluso la CE advierte de que la ruta deje de ser atractiva y, por tanto, se pierda competitividad y suban los precios, logrando el efecto contrario.
Frente a esto, grupos como NC insisten en que hay muchas posibilidades si se esgrime bien el argumento de que las normas de la UE son las que deben adaptares a las regiones ultraperiféricas y no al revés, existiendo ya 176 OSP aéreas abiertas y cerradas.
Más allá de estas conexiones, Rodríguez subrayó ayer su petición a la CE de que sí se establezca una OSP marítima que evite a los que viajan en barco entre La Palma, La Gomera y El Hierro tener que pasar sí o sí por Tenerife.
En este caso, la delegación canaria desprende más optimismo, confiando en que se confirme este corredor para el llamado triángulo de las Islas Verdes. Con ese propósito, Rodríguez se entrevistó ayer con el jefe de la Unidad de Transporte Marítimo y Logística de la Dirección General de Movilidad de la CE, de la que depende la decisión. Según le remarcó, se trataría de una "ruta verde" entre unas islas que, pese a contar con una considerable demanda, requieren hacer escala en Tenerife porque los operadores consideran poco rentable el corredor sin apoyo público.
Entre los argumentos esgrimidos, y aparte de la necesidad de propiciar la igualdad de oportunidades entre todas las islas, ya que también hay conexiones aéreas poco rentables fijadas como OSP (abiertas o cerradas), destaca el hecho de que entre estas islas creció el empleo en el subsector turístico un 16% entre 2014 y 2016. Así, se sobreentiende que una OSP de este tipo contribuiría a reactivar aún más esta actividad y la economía en general. En 2017, un millón de turistas visitaron estas islas, mientras que vinieron a Tenerife 5,7 millones, algunos de los cuales podrían tener más incentivos para conocer las llamadas Islas Verdes.