Un Estatuto para el siglo XXI que refuerza nuestra autonomía

Esta novedad, incluida en el artículo 46, se ha tornado clave para que el Archipiélago, tras un repunte preocupante de contagios en agosto, sobre todo en Gran Canaria y Lanzarote, haya controlado el virus y presente ahora los mejores datos de España y de los más bajos de Europa, lo que resulta crucial para no saturar la sanidad y reactivar con la mayor celeridad e intensidad posible nuestra principal industria, el turismo, que representa el 35% de nuestro Producto Interior y el 60% del empleo directo e indirecto. Eso sí, sin bajar nunca la guardia, y de ahí las medidas adoptadas en Tenerife (de momento, hasta el 10 de diciembre) y en cualquier isla que agrave mucho su tendencia.

Es por eso por lo que creo imprescindible remarcar desde ahora que, sin esos cambios, el Gobierno regional no habría podido intervenir con tanta inmediatez y rotundidad desde el punto de vista sanitario, socioeconómico, normativo y punitivo, aparte de que tampoco habría aprobado el decreto que regula la entrada de turistas con test en origen o destino que demuestren que no portan el virus, el primer texto de este tipo en España. Sin duda, por tanto, la pandemia está demostrando el gran acierto de este nuevo derecho y hasta habría que preguntarse qué hubiera pasado si el coronavirus irrumpe antes de octubre de 2018. Sí, se habrían tomado medidas desde la Comunidad y el Estado, entre otras cosas porque contamos con autonomía y autogobierno desde 1982, pero estoy convencido de que, una vez levantado el primer Estado de Alarma nacional, no habrían sido tan ágiles, directas y resolutivas.

Se evidencia así que este Estatuto, reconocido como uno más de los de “tercera generación”, refuerza nuestro margen de maniobra, nos mete de lleno en este siglo XXI tan intenso y cambiante y asume más y mejor nuestras singularidades por lejanía e insularidad, algo que ya hacía la Unión Europea con su reconocimiento de Canarias como Región Ultraperiférica (RUP, según el artículo 349 del Tratado), pero que cojeaba en el cuerpo legal del Estado. De hecho, esa condición de RUP habrá que incluirla en la Constitución española si alguna vez se reforma, si bien el Estatuto es una Ley Orgánica que, de por sí, consolida nuestro encaje en la Carta Magna, amplía nuestras competencias, remarca nuestras peculiaridades y potencia las opciones del gran objetivo de cualquier democracia: mejorar la calidad de vida, seguridad, cohesión social e igualdad de oportunidades.

En lo que sigue trataré de explicar la relevancia de estos dos textos, sobre todo del Estatuto, y de que todo apunte a que habrá nuevo presupuesto estatal (PGE) para 2021, lo que resulta clave precisamente para el desarrollo máximo del REF y de nuestra “constitución” regional. Y es que, al fin y al cabo, un estatuto no es más que un conjunto de normas, derechos y obligaciones que atañen a una comunidad y que, en nuestro caso, necesitaba ser actualizado desde hace mucho, aunque, para eso, resulta imprescindible contar también con recursos. Si hay cuentas estatales para 2021, como parece, será la primera vez que contemplen el nuevo Estatuto y REF, y eso lo notaremos. De hecho, ya se han actualizado algunos instrumentos claves del REF, como la Zona Especial o la Reserva de Inversiones, si bien quedan flecos que estoy seguro de que se solventarán antes de 2021. Además, y pese a las voces que tratan de confundir, se trata ya del presupuesto con mayores cuantías para Canarias de la historia sin incluir las enmiendas, por lo que estoy convencido de que, al final, llegará a cifras hace poco inimaginables para las Islas, por mucho que se quiera tergiversar la realidad.

Antes de ese octubre de 2018, existía un gran consenso sobre la necesidad de actualizar nuestro Estatuto y REF. De ahí que, tras el frustrado intento de 2007 y un largo proceso de negociación, estos nuevos textos fueran respaldados por una amplísima mayoría en el Parlamento regional, Congreso y Senado, lo que les aporta fuerza sobrante para que perduren. Eso sí, siempre con las adaptaciones que vaya exigiendo este siglo tan globalizado y de tantos vaivenes, con retos como el cambio climático, la migración, robotización y, ahora, una pandemia que ha debilitado las certidumbres y obligado a un pragmatismo aún más perentorio, aunque sin olvidar nunca la planificación.

De esto último, de planificación, tenemos una magnífica muestra con la Agenda Canaria 2030, con la que pretendemos luchar contra el cambio climático, aunque, tal y como ha ocurrido con la digitalización, la pandemia también ha hecho que cobre más vigor y urgencia en proyectos como el Plan para la Reactivación Económica y Social de Canarias, con el que queremos paliar los efectos de la COVID desde 2020 y hasta, al menos, 2023.

Aunque quedan competencias por desarrollar, el nuevo Estatuto, por tanto, se está cumpliendo. Además, permite que el presidente convoque elecciones autonómicas sin esperar a las locales (las próximas, en mayo de 2023). Esto es algo inédito y con lo que ya contaban comunidades llamadas históricas, como Cataluña y País Vasco, aunque también Galicia y Andalucía. Asimismo, se reconoce como derecho una renta ciudadana canaria que reforzará el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central en mayo pasado, algo que hemos impulsado para compatibilizarlos junto a la Prestación Canaria de Inserción pese a las dificultades actuales. De hecho, en el Consejo de Gobierno de este jueves aprobamos el anteproyecto de ley de esa renta.

No obstante, el nuevo Estatuto incluye otros cambios que resultan claves. Así, por ejemplo, se reconocen las aguas marítimas que nos rodean como parte de nuestro territorio, todo un hito que no solo debe ser resaltado, sino que defenderemos con contundencia en todos los foros necesarios ante cualquier pretensión de países vecinos de alterar las fronteras. También se fijan las bases para renovar nuestro sistema electoral. Un sistema que ya se modificó para las elecciones de 2019, que requiere de una nueva ley y que, eso sí, debe ser bien explicado porque esto suele prestarse a interpretaciones no siempre justas.

Desde esos comicios, y en esta X Legislatura, en la que 4 partidos progresistas gobiernan gracias al llamado Pacto de las Flores, el Parlamento canario cuenta con 10 diputados más, pasando de 60 a 70. Esto se debe, por un lado, al crecimineto poblacional de Fuerteventura, que incluso ha superado a La Palma y, ahora, cuenta con los mismos diputados que la Isla Bonita (8), así como a 9 escaños de una lista regional. Se ha buscado así equilibrar mejor la representación de la población y los territorios, pues conviene recordar que el número de escaños en las democracias avanzadas siempre es proporcional a los censos. Cuando Canarias estrenó Cámara autonómica y elecciones (1983), su población era casi la mitad de la que tiene ahora, con lo que ese aumento de 10 diputados hay que situarlo en su justo término y, además, resaltar que se ha hecho sin incrementar los gastos en el Parlamento y creando una plancha autonómica que refuerza la conciencia de comunidad y que prioriza la visión del Archipiélago en su conjunto y con una misma senda, aunque sin olvidar, por supuesto, el gran peso de cada isla.

Además, se elimina el aforamiento de los presidentes y miembros del Gobierno. También resulta crucial que se transfieran cuanto antes las competencias sobre ordenación y gestión del litoral; las de salvamento marítimo; transporte por mar; las de los puertos, aeropuertos y transportes aéreos, así como la gestión de las telecomunicaciones. Asimismo, Canarias gestionará los permisos de trabajo de extranjeros no comunitarios; participará en los órganos de administración de Paradores Nacionales; asumirá la legislación penitenciaria; logra competencias sobre comercio exterior, seguridad privada y defensa de la competencia, y la tutela financiera de las corporaciones locales.

Como se puede comprobar, un enorme salto competencial. Sin embargo, el Estatuto tiene también una vertiente social que nuestro gobierno, por supuesto, priorizará, como la lucha contra la pobreza, la igualdad, el derecho a la vivienda (y de ahí el plan para crear más de 6.000 hasta 2025), el reforzamiento de los servicios públicos pese al virus, la agilización administrativa, una economía solidaria y unas relaciones con la UE y el Estado que, con instrumentos como la Comisión Bilateral, permitan precisamente cumplir estos avances y su gran meta: una Canarias mejor para todos.