19 de Marzo de 2019
19.03.2019

Clavijo reclama el informe que propone archivar el 'caso Grúas'

La defensa del presidente regional demanda al TSJC que remita al juzgado de La Laguna toda su instrucción, incluidos trabajos provisionales, reservados, borradores o notas.

2019-03-19
Clavijo reclama el informe que propone archivar el 'caso Grúas'

La defensa del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que remita al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna la documentación de todas las actuaciones seguidas por el Alto Tribunal canario sobre el caso Grúas. Entre los escritos, los abogados de Clavijo solicitan el informe elaborado por el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Canarias, Demetrio Pintado, que se remitió en octubre de 2018 a la Fiscalía General del Estado, en el que no se aprecian indicios en la comisión de presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación en este proceso, por lo que se propone el archivo del procedimiento.

Este informe, al que el fiscal jefe Superior de Canarias, Vicente Garrido, tilda de "borrador o informe provisional", y al que tuvo acceso este periódico, fue supervisado por el secretario técnico de la Fiscalía estatal, Fernando Rodríguez Rey, en cuyo departamento se mantuvieron retenidas estas conclusiones a la espera de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias, el pasado 6 de noviembre. Una maniobra dilatoria para propiciar que con el nuevo texto estatutario en vigor Clavijo perdiera su condición de aforado.

De hecho, dos días después, la Fiscalía canaria emitió otro informe que no entraba en el fondo del caso Grúas sino que se limitaba a decir que el TSJC no era competente en este asunto al dejar de ser el presidente aforado, pues el nuevo Estatuto de Autonomía suprime esta condición.

Los abogados de Clavijo indican en su escrito que recibieron una notificación del juzgado de La Laguna, tras inhibirse el TSJC de la causa, en la que se pone de manifiesto que la Sala de Lo Penal de ese tribunal no le ha remitido todas las actuaciones seguidas. Por ello, demandan al TSJC que lo haga y que "recabe del ministerio fiscal informes provisionales y definitivos, borradores o notas de trabajo, visados, etcétera, obrantes en registros públicos sin tener el carácter de secreto para esta parte". Y en particular, continúa el documento, "el informe provisional o borrador elaborado por el fiscal del TSJC para su remisión a la Fiscalía General del Estado, lo que al parecer se realizó el 28 de octubre". Un documento que nunca vio la luz procesal.

También se pide el documento de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, de Fernando Rodríguez Rey, por el que se habría "supervisado el informe de la Fiscalía del TSJ", que propone archivar la causa. Además, la defensa del presidente reclama el documento por el que la Fiscalía General traslada a la canaria "la conveniencia de suspender la presentación de ningún escrito, dado que la competencia de la Sala de lo Penal del TSJ para conocer los hechos derivaba del aforamiento para los miembros del Gobierno de Canarias establecido en el Estatuto de Autonomía, norma que de forma inminente iba a ser reformada", como explicó el propio Garrido para justificar su escrito relativo a que el TSJC no era competente.

En este enmarañado e insólito proceso aún está pendiente de resolución un recurso de casación del presidente ante el TSJC para determinar la competencia jurisdiccional de esta causa.

Pese a ello, la juez de La Laguna, Celia Blanco, llamó a declarar al presidente el 15 de marzo en calidad de investigado, pero tres días antes, el día 12, suspendió la declaración porque, según expresó, no tenía toda la documentación del TSJC, además de no haberse resuelto el recurso de casación, por lo que entiende que la competencia aún está en liza. Clavijo dejaba de ser investigado.

La defensa del presidente pide, por tanto, que la Sala de Lo Penal remita toda la documentación de este intricado proceso, que en una primera fase se archivó sin que se apreciara ningún delito por parte del Juzgado de La Laguna tras la denuncia de dos partidos de la oposición municipal -Unid@s se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias- en la concesión de un crédito a una empresa de grúas cuando Clavijo era alcalde de ese municipio en 2014, préstamo que fue devuelto con intereses.

En una inhabitual resolución la Audiencia Provincial de Tenerife, tras un recurso, ordenó con posterioridad que se reabriera el proceso para practicar más diligencias. Tras meses de demora y estancarse el caso la Fiscalía, sin nuevas pruebas y sobre los mismos hechos, vio luego delitos de presunta prevaricación y malversación de caudales públicos donde antes no los hallaba. En el TSJC la Fiscalía vuelve a no encontrar ningún delito en la gestión de Clavijo pero el informe no se entrega a la espera del Estatuto, un escrito o borradorque concluye que el presidente actuó con transparencia y claridad, y que ahora exigen los abogados de Clavijo que se incorpore a la causa.

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