El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó el pasado lunes la licitación del contrato del Modelo Operativo Canario de Servicios al Ciudadano en los ámbitos social y de empleo por un importe de dos millones y medio de euros. El contrato corresponde a los trabajos conjuntos realizados por el Servicio Canario de Empleo y la Dirección General de Políticas Sociales con el objeto de dotar a la Administración Pública en Canarias de un entorno de trabajo interadministrativo para el desarrollo del historial sociolaboral unificado, y el catálogo de servicios ligados a los ámbitos social y de empleo.
El Gobierno apuesta por que Canarias desarrolle un modelo propio para la prestación de servicios, posibilitando el entorno necesario para la gestión unificada de asistencias al ciudadano. Será una estructura operativa común para sus distintas unidades y de otras administraciones públicas y privadas que ofertan y gestionan una amplia modalidad de servicios y ayudas. El contrato base del acuerdo podría considerarse una primera fase del concepto global de la Historia Social Única ya que parte de los ámbitos social y de empleo para construir el modelo y, en fases ulteriores, integrará otras informaciones, como la sanitaria.
En estos dos primeros ámbitos se articulará el modelo a desarrollar no solo de la información individual del ciudadano, sino, además, de la de su unidad de convivencia. Se integrarán datos como la renta o el domicilio familiar ya que estos marcan de forma determinante la información básica sobre la que construir el modelo operativo de Canarias.
Se trata por tanto de definir e implementar un modelo cuyo alcance y desarrollo pueda incorporar a la totalidad de las administraciones públicas canarias, al denominado Tercer Sector y al conjunto de servicios públicos. En definitiva, esta iniciativa persigue una perspectiva integral de las personas y, aprovechando los trabajos previos realizados por distintos centros directivos, una mejora relevante de la actual situación.
Este nuevo modelo de gestión coordinada facilitará el marco de trabajo del sistema público de servicios al ciudadano que inciden en su calidad de vida y, por tanto, su estructuración, ordenación, planificación y gestión, con el soporte de las correspondientes administraciones públicas en materia social y de empleo, pero también en sanidad, vivienda, educación, justicia, igualdad y violencia de género, prestaciones sociales, atención sociosanitaria y cualesquiera otra que se identifiquen en un futuro inmediato.
Como afección más directa al ciudadano, al permitir facilitar y agilizar la cooperación y acceso interadministrativo a la información, este no tendrá que ir de una administración o entidad a otra cada vez que necesite solicitar una ayuda o inscribirse en un programa y permitirá hacer un seguimiento global de la asistencia. También facilitará la operativa de tal manera que el historial social y laboral unificado hará posible la gestión de la futura Renta Canaria de Inclusión, así como la implementación del registro único de entidades y servicios al ciudadano en los ámbitos social y de empleo.
Este modelo reducirá los costes a medio y largo plazo de los sistemas de servicios destinados al ciudadano, a partir de la efectiva redistribución de los recursos aportados por los distintos agentes, primordialmente las administraciones públicas, y su aprovechamiento óptimo.