17 de Febrero de 2019
17.02.2019
CRISTINA VALIDO GARCíA CONSEJERA DE EMPLEO, POLíTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

"Las cifras son tozudas y muestran un gran avance"

2019-02-17
"Las cifras son tozudas y muestran un gran avance"

"Mitad chicharrera, mitad canariona. Mi padre es de allí y mi madre de aquí, en concreto de La Orotava". Recuerda que "de joven iba y venía tanto en los ferrys Ciudad de La Laguna y Villa de Agaete que conocía hasta el último tornillo. Me harté de ir de una isla a otro y de gozar de esa vista preciosa del Teide enfrente". Lo asegura Cristina Valido García (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) a la hora de enfocar la parte menos política de una entrevista en la que hizo balance de algo más de dos años de gestión como titular de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Viviendas del Gobierno de Canarias, cargo al que accedió en enero de 2017 tras una amplia experiencia en el ámbito social del Cabildo de Tenerife. Se defiende de las críticas de la oposición porque "siempre queda mucho camino por recorrer en áreas tan sensibles, pero las cifras son tozudas y demuestran un enorme avance en este período".

Empleo, Políticas Sociales, Vivienda... Una estructura que usted heredó. ¿Tal vez demasiadas áreas, o no? ¿Cómo lo ve?

Son ámbitos de trabajo de una enorme dimensión con departamentos muy pesados como Infancia, Dependencia, Discapacidad... Pero tiene mucho sentido unificarlos por la transversalidad con la vivienda o el empleo. Así es posible ofrecer una orientación más adecuada e imbricada en el conjunto de las medidas sociales. Hay que establecer sinergias y un trabajo en todas las áreas, sin perder de vista el carácter social, para plantear las necesidades y bajar el número de personas en situación de vulnerabilidad. Otra cuestión es que se trate de una consejería enorme, con más de 2.000 trabajadores y mucha complejidad en su funcionamiento.

¿Cuál es la medida más potente que han puesto en marcha para combatir la exclusión social?

Hemos puesto en marcha numerosas medidas, como el incremento en un 60% del presupuesto que se destina a los municipios para dar ayudas de emergencia y prestaciones básicas, a través de un aumento del personal que las tramite, o el Plan de Empleo Social con especial énfasis en las personas vulnerables como los jóvenes y los parados de larga duración. Pero, probablemente, la medida de más calado es la reforma de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que permitirá incluir nuevos perfiles de beneficiarios hasta ahora excluidos. Por ejemplo las familias con menores a cargo, que la recibirán de manera indefinida desde que se apruebe la Ley de Servicios Sociales. Estamos en la transición desde la PCI a la futura Renta Canaria de Inclusión (RCI).

¿A cuántas familias dará cobertura la nueva PCI y cuánto presupuesto se invertirá para alcanzar ese objetivo?

Estimamos que unas 30.000 familias se beneficiarán de la nueva PCI, que queremos que se llame Renta Canaria de Inclusión, y dará cumplimiento a lo establecido en nuestro nuevo Estatuto. La renovación de la PCI para estas familias será automática, más allá de los 24 meses actuales, mientras persista la situación de vulnerabilidad y permitirá suspensiones sin tiempo límite por la incorporación a contratos temporales, de tal manera que una persona no se vea obligada a renunciar a un trabajo temporal solo porque a la finalización del contrato quedaría sin cobertura. No obstante, antes de que se modifique la PCI ya permitiremos que las familias sin ingresos tengan la ayuda de manera indefinida, una vez que se apruebe la Ley de Servicios Sociales. La meta en el umbral de 2030 es aportar en estas inversiones por encima de los 130 millones de euros, más del doble que los 64 actuales.

¿Qué novedades incluye la nueva RCI? ¿Se incorporan nuevos posibles beneficiarios?

Una de las características de la nueva RCI es la posibilidad de compatibilizarla con los ingresos en contratos de trabajo parciales por horas y que no alcancen el mínimo del Iprem, con pensiones de viudedad o con pensiones de jubilación de mayores de 65 años que estén en la misma situación. Siempre con la idea de que nadie con menores a cargo se quede sin prestación o mantenerla cuando el menor cumpla 18 años y siga estudiando.

¿A cuántas familias se atiende a través de los servicios sociales y cuánto presupuesto inyecta el Gobierno de Canarias?

Las ayudas específicas de emergencia y prestaciones básicas, es decir, aquellas que van destinadas a la ayuda en alimentación, enseres, aseo o programas contra la pobreza en cada uno de los municipios se han incrementado en dos años en un 60%, lo que, creo, ejemplifica bastante bien la importancia que este gobierno da a los ayuntamientos, primera puerta de entrada de los ciudadanos y necesitados de personal cualificado que ayudamos a contratar con recursos económicos. Estas ayudas benefician a 450.000 potenciales usuarios de 180.000 familias en los 88 municipios. Y hay que añadir los 1,7 millones para ONG especializadas en crear equipos de apoyo a la inserción laboral y social para los beneficiarios.

¿Y el aumento presupuestario ha tenido efecto en los indicadores de pobreza?

Con esta y otras medidas, nuestro objetivo es bajar de ese 40% de pobreza que arroja el Arope, que en la última edición ya nos dice que ha descendido 4 puntos. Y según el informe del CES se ha pasado ya del 35 al 30%.

¿Cómo valora el comportamiento del desempleo en Canarias en los últimos años?

Nunca podemos estar contentos de los datos de empleo, porque hay muchas personas que todavía quieren trabajar y no pueden, pero el comportamiento de la afiliación demuestra que la economía ha remontado. Eso es fundamental para lo que estábamos hablando ahora: paliar las carencias de las personas sin recursos. Ahora llegamos a 8.000 más y hemos pasado de 170.000 a rozar las 180.000. Siempre estuvieron ahí, pero no llegaban los recursos. En la ayudas al alquiler hemos pasado de 1.000 sobre 3.000 solicitudes en 2016 a 3.000 sobre 7.000 en 2017. La previsión es duplicar los beneficiarios hasta llegar a los 6.000 de 17.000 peticiones. El empleo es la mejor forma de inclusión que existe. Y por primera vez desde que empezó la crisis, el desempleo en Canarias está por debajo del 20%. Canarias alcanzó en diciembre de 2018 los 812.987 afiliados, lo que significa que en lo que va de legislatura se han creado 119.223 empleos, unas cifras históricas. Además, la tasa de empleo indefinido acumulada está alrededor del 15%, tres puntos por encima de la media nacional. La firma de los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias está permitiendo impulsar y reforzar programas como los planes extraordinarios de empleo, firmados ya con la Fecam con un presupuestos de 46 millones de euros, en los que se dará trabajo a colectivos de personas vulnerables (se calcula que más de 4.000 familias se verán beneficiadas por los proyectos municipales). Es la convocatoria mejor dotada desde que se puso en marcha este programa.

¿Qué ha hecho el Gobierno para mejorar las condiciones de trabajo de los canarios empleados?

La mejora de las condiciones de trabajo también es una prioridad. La DGT y el Icasel han sido pioneros en la ampliación del catálogo de enfermedades profesionales, elaborando un documento que ha servido de base para que la Mesa de Hostelería y el Ministerio reconozcan problemas como la epicondilitis o el túnel carpiano como dolencias asociadas a la labor profesional. Asimismo, se ha elaborado una guía de buenas prácticas en la hostelería que también sirve de base a la Mesa de Hostelería Nacional para mejorar la prevención de enfermedades. Además, hemos reforzado la inspección, con 37.000 personas beneficiadas por la actividad al aflorar sus contratos dentro de la economía sumergida o por hacer más horas de lo establecido. Y el índice de accidentes ha bajado un 4%.

Su departamento también gestiona un área tan sensible como la infancia. ¿Qué medidas se han impulsado para mejorar la protección de los menores?

Hemos puesto al día la expedición de títulos de familia numerosa. En enero de 2016 había un retraso de ocho meses en la concesión de los carnés y 6.500 expedientes sin resolver. En estos dos últimos años se ha triplicado la expedición de títulos pasando de 9.427 expedidos en 2017, a 15.096 a principios de 2018 y a 25.258 a diciembre de 2018. Igualmente, se han sentado las bases con la Estrategia Canaria para la Infancia y la Familia, un documento planificador y priorizador de las políticas y los recursos para proteger a nuestros niños. Vivo, dinámico y para cinco años, aprobado por unanimidad en el pleno de la Comisión Interadministrativa de Infancia; y ya está en el Parlamento la modificación de la Ley. En Escuelas Infantiles hemos pasado de 67.000 a 127.000 euros en rehabilitación que, dadas las condiciones de muchos edificios, es como partir de cero. Y seguiremos invirtiendo hasta 1,4 millones en reformas que solicitan los profesionales. También se han solucionado situaciones críticas como la de los menores llegados en patera a Lanzarote alojados provisionalmente en La Santa. Han sido distribuidos en otras islas gracias a la solidaridad de los Cabildos.

¿Cuándo será realidad el Plan de Vivienda y qué novedades incluirá esta nueva hoja de ruta?

En este ámbito, tenemos un ambicioso Plan 2019-2022 a aprobar próximamente por el Gobierno. Ha sido aceptado por unanimidad en la comisión de vivienda, cuyas medidas están de acuerdo en apoyar sin fisuras todos los agentes sociales. Y esto no ha sido todo, porque en esta legislatura hemos solventado el pago de 26 millones de deuda de ayudas al alquiler e hipoteca joven que venían pendientes. En 2017, además, hubo una nueva convocatoria con algo más de cinco millones para ayudas al alquiler y para 2018 habilitamos un crédito de 9 millones para subvencionar a unas 6.000 familias, que dispondrán de otros 9 millones en este 2019. El programa + Viviendas x Familias ha intervenido en casi 430 desahucios. También las gestiones del Gobierno de Canarias, junto con el resto de administraciones implicadas, han impedido el desalojo de las 358 familias de Añaza, cuyas viviendas hemos adquirido recientemente con un precio muy por debajo del de mercado para tranquilidad de las familias vulnerables que allí habitan. Tras muchos años, se vuelve a construir y tenemos proyectos en más lugares, como El Paso o Valverde, y ya existe el proyecto de nuevas construcciones en otros lugares, bien sea con cesiones de suelo municipal como por el uso de los terrenos de los que dispone Visocan, lo que permitirá la puesta en disposición de otras mil viviendas sociales. Pero a día de hoy existen 22.000 públicas habitadas por familias vulnerables.

¿Cuántas viviendas sociales se han rehabilitado?

Se han dedicado unos 40 millones de euros a la rehabilitación de viviendas públicas y el entorno urbano que las rodea, haciendo de 2.697 viviendas y sus barrios sitios mucho mejores para vivir. La planificación pasa por dedicar 60 más los próximos cuatro años.

Alquiler vacacional y vivienda residencial. ¿Cuál es su opinión como consejera del área?

La justicia en el estado ha decidido que la propiedad privada está por encima del derecho a la vivienda. En otros territorios pueden convivir de otra forma pero en uno fragmentado como este hay que regular y priorizar. Y tampoco es lo mismo La Palma que Lanzarote, por ejemplo. Deberá decidir la política pero la justicia ya lo ha hecho y de momento en contra del interés general y el uso público. Puede darse la paradoja de que los turistas se alojen en esas viviendas y no tengan quien les preste servicios porque los trabajadores no encuentren donde residir. Ya ocurre en zonas como Ibiza y no se trata de matar a la gallina de los huevos de oro.

La dependencia ha sido una de las principales reivindicaciones de la oposición. ¿Cómo han evolucionado las altas brutas, el número de personas nuevas que se incorporan al sistema?

Aquí funcionan los argumentos fáciles, la demagogia y los titulares. Es un área, como Sanidad, siempre en el ojo del huracán, por las listas de espera. Pero las cifras son tozudas y no puede haber retroceso cuando se ha pasado de invertir 30 millones en 2016 a más de 50 en 2018. El sistema sigue incorporando nuevas personas a un ritmo creciente. En los últimos tres años 13.857 han recibido sus prestaciones o servicios en el sistema, según certifica el Imserso. Tantas como desde la implantación de la Ley de Dependencia hasta el inicio de este mandato. En toda la década anterior fueron 9.000. Si tenemos en cuenta que Canarias terminó 2018 con 30.594 personas que tienen reconocido el derecho a la Dependencia y, de ellas, 21.638 cuentan ya con una prestación tanto económica como de servicio, hemos reducido la lista con reconocimiento, pero sin prestación desde las 13.911 que había en 2016 a las 8.956 con que acabamos 2018 (son 3.932 personas menos). A nivel de infraestructuras hemos dado a conocer el plan plurianual, dotado con más de 260 millones, para crear unas 5.500 nuevas plazas en todas las islas. Siempre insisto en la necesidad de simplificar el decreto para el reconocimiento. Solo con aumentar personal no es suficiente.

¿Qué significará la aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales para los canarios?

La Ley de Servicios Sociales será el instrumento fundamental para planificar, que no solo posibilitará mejoras en las coberturas sociales como la ya mencionada PCI, sino que ofrecerá estabilidad a las 1.093 entidades de Tercer Sector que trabajan en ámbitos como la dependencia, la discapacidad y la inclusión social. Regulará la Historia Social única en la que se homogeneizarán los instrumentos de valoración y diagnóstico en los servicios sociales municipales e insulares. Un único perfil.

180 viviendas sociales

El Gobierno de Canarias ha sacado esta misma semana a concurso público la adquisición de 180 viviendas destinadas a familias en exclusión en La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, donde existe la mayor demanda. La incorporación de inmuebles protegidos "es una de las prioridades de la Consejería", apunta Valido. A través la empresa pública Visocan estas viviendas están destinadas a facilitar, en casos de urgencia, un recurso habitacional temporal a familias que se encuentren en situaciones excepcionales de exclusión. Para ello, se cuenta con un presupuesto máximo de 11.631.260 euros, Valido explica: "Poniendo más vivienda protegida en el mercado se contribuye a hacer frente al alza del precio en el mercado ordinario, algo sobre lo que la administración no tiene influencia directa". Las viviendas se destinarán al programa "Canarias+ViviendasXFamilias", que proporciona soluciones temporales a personas vulnerables en situación de emergencia habitacional; además de prestarasesoramiento y mediación a quienes se encuentren en situación de riesgo habitacional, desahucios o desalojos. Durante los últimos dos años, el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha paralizado 436 lanzamientos judiciales (282 en 2018) por desahucios y se ha buscado soluciones para las familias afectadas.

Ayudas al alquiler

Las ayudas al alquiler del Gobierno de Canarias llegarán, previsiblemente, a más de 6.000 familias canarias, el doble que las que se beneficiaron de estas subvenciones en 2017 y seis veces más que las de 2015, cuando se otorgaron 1.006. El Instituto Canario de Vivienda (Icavi) resolverá en los próximos meses la convocatoria, que por primera vez es con carácter bianual -para dar mayor estabilidad a los demandantes -, tiene la mayor dotación presupuestaria de la historia - 17,5 millones- y a la que se han presentado casi 17.500 solicitudes, la cifra récord desde que se tienen registros. Además, el instituto que dirige Pino De León está gestionando la puesta en marcha de un plan de choque que permita incorporar más personal para agilizar la resolución de la convocatoria, que fue publicada en agosto y que se espera que se resuelva en los próximos meses. En cuanto a la financiación, las partidas económicas destinadas a las dos lineas de ayudas son de 6.875.000 euros para el cupo general y un total de 1.875.000 euros para cupo jóvenes en los ejercicios 2018 y 2019, por lo que el crédito total es de 8.750.000 euros por ejercicio, es decir, 17.500.000 euros en los dos años.

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