Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) presentó ayer al comité de empresa el expediente de regulación de empleo (ERE) que se aplicará, si no existe acuerdo previo, en el plazo de un mes y que supondrá, en tal caso, el despido de 117 trabajadores de toda la plantilla, de los que 35 corresponden al servicio urbano y el resto, al interurbano.

Desde hoy comienzan a contar los 15 días que tienen las partes para ponerse de acuerdo y evitar todos los despidos mediante la aplicación de un ERE suspensivo o temporal, que supondría que cada trabajador pasaría a la condición de parado "sin perder derechos" y durante 180 días en dos años, si bien aquí la empresa pública ha planteado que sólo puede admitir que cada empleado esté en esta circunstancia 15 días al mes. Si no alcanzan un acuerdo en el transcurso de estos primeros 15 días de negociación, al término de la siguiente quincena se aplicaría el ERE extintivo procediéndose a materializar los 117 despidos.

El objetivo de Titsa es reducir unos dos millones el coste del servicio con cargo a la plantilla. En esa línea, la propuesta presentada por la compañía a los representantes de los trabajadores incluye otras medidas, entre las que destacan la supresión de una paga extraordinaria y la congelación de la antigüedad, además de otras cuestiones que están siendo valoradas, según manifestaron ayer las fuentes consultadas.

Titsa establece como premisa para avanzar en la negociación que se proceda a la unificación de los convenios vigentes en los servicios urbano e interurbano. Este es un aspecto en el que no hay unanimidad entre los miembros del comité de empresa. De hecho, ayer comenzaron a poner en común sus argumentos y no hubo acuerdo al respecto, aunque sí avances.

La plantilla de Titsa está llamada a participar hoy en asambleas con la finalidad de exponerles la propuesta de la empresa y tratar de llegar a un acuerdo con el que mañana se sentarán a negociar con la compañía en la primera de las reuniones que están programadas.

En lo que sí coinciden todos los sindicatos con representación en el comité de empresa es en que no quieren que haya despidos. "El problema con el que nos encontramos es la actual reforma laboral, pero vamos a defender todos y cada uno de los puestos de trabajo", explicó la misma fuente.

Estas medidas se complementan con la reordenación de las líneas, incluyendo la supresión de once de ellas, así como la subida de las tarifas y la reconsideración de las bonificaciones de las que se benefician algunos colectivos.

Los trabajadores no pierden de vista que el Cabildo adeuda, como administración, unos 42 millones de euros a su propia empresa (parte proporcional del gasto en la adquisición de vehículos, bonificaciones y subida de carburante, entre otros motivos) y que los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna adeudan a la compañía 6.029.698 euros y 4.351.080 euros, respectivamente.

De momento, el calendario de negociaciones está establecido y las partes esperan un acuerdo, pero la plantilla no descarta que haya movilizaciones.