El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha llamado a declarar como imputados el próximo 1 de febrero al expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, y al ex director general de la entidad, Ildefonso Ortega, por las presuntas irregularidades que llevaron a la intervención de la caja.
La declaración de Hernández Moltó y Ortega había sido pedida por los fiscales anticorrupción Luis Rodríguez Sol y Luis Pastor, después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 asumiera la competencia para investigar una denuncia del PP, que acusa al antiguo presidente de administración desleal, estafa y falsedad contable, entre otros delitos.
En declaraciones a Efe, Hernández Moltó mostró su disposición a declarar "cuanto antes" ante el juez Pablo Ruz, aunque no dejó de sorprenderse por su imputación, de la que no ha recibido notificación oficial.
La denuncia de los seis miembros del PP en la Asamblea General de CCM, elaborada por el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, se presentó el pasado mes de julio, casi cuatro meses después de que el Banco de España interviniera la entidad tras detectar irregularidades en la gestión.
La denuncia afirma que el expresidente de CCM "ha sido causante de un enorme perjuicio patrimonial en la entidad, prescindiendo de los procedimientos legales establecidos y ocultando información a los socios partícipes en la entidad, además de falsificando documentación contable y facilitando que determinadas personas obtuvieran dinero" de la caja.
Además, recuerda que, "como consecuencia de la actuación" de Juan Pedro Hernández Moltó, se tuvieron que desembolsar ayudas multimillonarias para CCM, que la Comisión Europea cifró en 7.100 millones.
El titular del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional se declaró en diciembre competente para investigar la denuncia del PP, después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cuenca se inhibiera a su favor.
El juez Pablo Ruz consideró que la intervención de CCM por parte del Banco de España el 29 de marzo de 2009 tuvo una "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y, fundamentalmente, en la economía nacional" y afectó a "una generalidad de personas dispersas" en más de un territorio, que son los requisitos exigidos para que un asunto sea competencia de la Audiencia Nacional.
CCM fue intervenida el 29 de marzo de 2009 por el Banco de España tras el fracaso de su proyecto de fusión con Unicaja, lo que obligó al Consejo de Ministros a aprobar de forma urgente la concesión de un aval del Tesoro por importe de hasta 9.000 millones de euros para solucionar los problemas de liquidez de la entidad financiera.
CCM recibió un total de 3.775 millones de euros procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), a lo que hay que sumar las ayudas a Cajastur por su fusión con la entidad intervenida.