Coalición Canaria (CC) convocó una rueda de prensa ayer para dar a conocer las modificaciones en el texto de la proposición de ley (PPL) sobre el nuevo catálogo de especies amenazadas de Canarias, entre las que destacan el aumento de especies protegidas, que pasan de 368 a 427. Sin embargo, la polémica saltó cuando el portavoz nacionalista en esta materia, José Miguel González, aseguró que "en esta ocasión no hay lugar a las críticas, aunque antes tampoco, porque se han tenido en cuenta todos los informes que hemos recibido del servicio de biodiversidad y los que nos ha remitido Seobirdlife, las dos universidades canarias, una asociación de la fauna marina y los de los técnicos de la comunidad autónoma, que son igual de válidos que los del resto de los científicos".

Preguntada al respecto, la portavoz de Seobirdlife, Cristina García, desmiente a González. "¿Cómo se van a tener en cuenta los informes que enviamos desde la sociedad o desde la Universidad de La Laguna si en ellos lo que solicitábamos era que se paralizara la elaboración de la ley, por lo menos hasta que se crearan mesas de trabajo y se elaborara una propuesta técnica adecuada, y en caso de no ser así directamente pedíamos que se retirara por considerarla inconstitucional por ir en contra del catálogo estatal?".

En este sentido, García recuerda que "ni Seo/birdlife ni ninguna de las universidades canarias ha presentado ningún informe científico, sino documentos en los que se argumenta por qué la PPL no tiene ni pies ni cabeza, pero más que nada desde el punto jurídico".

A su juicio, "José Miguel González lo que ha tratado es de manipular una realidad y utilizar nuestros nombres para hacer ver como que la ley se ha modificado, pero al menos desde el punto de vista del contenido específico, eso es imposible".

Respecto a la incorporación del Estudio de la Biodiversidad Canaria, una investigación de más de cinco tomos y que es la gran base científica de la propuesta de CC, García se pregunta. "Yo no dudo de que sea riguroso, aunque no lo conozco, pero ¿quién lo ha elaborado?, porque los propios trabajadores de la Consejería de Medio Ambiente se han desvinculado del asunto y han hecho público su rechazo a la nueva norma, al igual que el Colegio de Biólogos, numerosas asociaciones de carácter ecológico y científico, etc.".

Ajeno a las críticas, González defendió el texto asegurando que "hemos conseguido nuestro objetivo primordial, y es que tendremos protección para aquellas especies que ya no cuentan con la protección nacional, además creamos una nueva categoría que sancionará a quien altere esa especie".

En este sentido, incidió en que la proposición de ley "no descataloga ninguna especie y, por el contrario, se crea la categoría de especies de interés para los ecosistemas canarios".

Agregó que "en esta última categoría se incluyen aquellas especies, un total de 60, que figuraban bajo protección por ser sensibles a la alteración de sus hábitats o por tener interés especial y que han sido suprimidas del catálogo español", de tal manera que con las enmiendas realizadas en la propuesta original, ahora se pasará a 427 especies que gozarán de algún tipo de protección, frente a las 368 de la PPL original.

Además destacó que "para más seguridad, será el Parlamento de Canarias el que decida, a propuesta de los técnicos, acerca de la descatalogación de alguna especie".

Ahora queda esperar a que la Mesa del Parlamento decida sobre la nueva solicitud de prórroga presentada en la mañana de ayer por el Grupo Socialista, que trabaja en la elaboración de una enmienda a la totalidad, lo que González tildó de "muy complicado, porque va a ser difícil que presenten un texto mejor que este".