El 29 de noviembre de 1907 se constituyó la Junta de Obras del Puerto (actual Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife) en el Gobierno Civil de la provincia y, el 22 de mayo de 1908 fueron nombrados Manuel de Cámara y Cruz y Pedro Matos Massieu, presidente e ingeniero director respectivamente.

Tras tres meses de negociaciones, los distintos estamentos locales designarían a los diez vocales natos que componían dicha Junta. Con su puesta en marcha se organizan las oficinas y servicios, quedando el ingeniero – director como gerente de este organismo.

Las oficinas de la Junta estaban en un pequeño local de calle de La Rosa, centrándose los primeros trabajos en recopilar datos sobre el desarrollo comercial del puerto en siglos pasados. Luego se trasladó a la calle La Marina 12, donde permanecen hasta el 19 de noviembre de 1959, fecha ésta en la que se inaugura el actual edificio (Junta del Puerto) en la avenida Francisco La Roche 49.

La Ley de Puertos de 1928 la denomina Junta de Obras del Puerto hasta que, en 1968 se suprime la palabra “Obras” y pasa a llamarse Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife (23 de diciembre de 1988), integrándose en ella los puertos de Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de la Gomera, La Estaca y Los Cristianos. Actualmente, también incluye al puerto de Granadilla.

Por Real Decreto de 9 de marzo de 1990 pasa a llamarse “Puertos del Estado en Santa Cruz de Tenerife” y, por último, la Ley de Puertos de 24 de noviembre designa como autoridades portuarias a todos los puertos de interés general del Estado.

Algunas fechas destacadas

Superada la fase de la Conquista comienza el periodo de colonización y organización socio-económica y con ello las primeras comunicaciones marítimas. Por ello, el interés del Adelantado Alonso Fernández de Lugo, se centró en la construcción de un primer muelle donde pudiesen realizarse las operativas de embarque-desembarque. Fue en ese momento cuando comenzó a gestarse en Añazo el futuro Puerto y Lugar de Santa Cruz.

1502

Fernández de Lugo concede licencia de construcción de un primer muelle a cambio del cobro en la carga y descarga. Como ubicación se elige la laja que formaba la caleta de Fernando Castro, al norte de la Playa de la Carnicería.


1600

Destrucción del primitivo muelle y traslado de las operaciones portuarias a la caleta de Blas Díaz, posteriormente conocida como la caleta de La Aduana.


1723

Lorenzo Fernández de Villavicencio, Marqués de Valhermoso, logró traer a Santa Cruz todo el tráfico portuario de Garachico, inutilizado por la erupción del volcán Arenas Negras (1706) e implantó la exclusividad del comercio con el exterior, de manera que ningún velero podía recalar en puerto insular alguno sin antes haberlo hecho en el de Santa Cruz.


1750

Aprobación de los planos del nuevo muelle, trazados por los ingenieros militares Francisco La Pierre y Manuel Hernández.


1786

Establecimiento en Tenerife del Real Consulado de Mar y Tierra de Canarias, una institución política, de corte ilustrado y progresista, con un importante papel en el desarrollo de la economía local. Sus recursos procedían del gravamen del 0,5%, que se aplicaba a los productos que salían o entraban al muelle y que luego se utilizaban en las reparaciones que el este necesitaba.


1822

Al recibir el título de Puerto y Depósito de Primera Categoría, se potenciaría su actividad y lo convierte en el principal eje económico de la Isla. Treinta años más tarde, al ser considerado Puerto de Interés General, el Ministerio de Obras Públicas se hace cargo de su construcción, conservación, recaudación, explotación y administración.


1829

Supresión del Real Consulado pasando la gestión administrativa del Puerto a la Junta de Comercio que, al darse cuenta de que el muelle era insuficiente para la afluencia de buques, encargó al ingeniero civil Pedro Maffiotte estudiar los sistemas de construcción en los puertos del Sur de Francia y Argel.


1852

La Real Orden de 3 de julio de 1852, reconoce al puerto tinerfeño como de Interés General, lo que le otorgaría una autonomía hasta entonces desconocida, pues implicaba que la construcción, conservación, recaudación, explotación y administración correría a cargo del Estado.

El mismo año se aprueba en Madrid la Ley de Puertos Francos, instrumento de prosperidad que posibilitaría en gran medida el desarrollo portuario.


29 de noviembre de 1907

Constitución de la Junta de Obras del Puerto, que comenzó a realizar su labor con un presupuesto de 100.000 pesetas, recibidas del Estado, más 170.310 de los ingresos obtenidos por los alquileres de la pescadería, el tinglado que hacía de estación del tranvía, las casetas de las compañías fruteras, transporte, agencias de aduanas, y el canon que pagaban los depósitos de carbón, los varaderos, etc.


Construcción del muelle de Ribera.

Construcción del muelle de Ribera. Autoridad Portuaria