En unos momentos en que las buenas noticias no abundan, la Universidad de La Laguna (ULL) ha recibido la mejor posible. Su demanda contra el Gobierno canario por haber incumplido el acuerdo de financiación suscrito por ambas instituciones –el contrato programa– ha sido atendida por la Justicia, que obliga a la Administración a abonar 26,1 millones de euros a la ULL.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al que ha tenido acceso este periódico, estima parcialmente las pretensiones de la Universidad y, para ello, se remite a una sentencia anterior del Tribunal Supremo que dio la razón a la Complutense de Madrid en un caso similar. El Supremo es, precisamente, la instancia a la que tendrá que recurrir el Ejecutivo regional, por lo que, en principio, el viento parece soplar a favor del centro docente.