José Carlos Francisco, presidente por tercera vez de CEOE-Tenerife, nos ha recordado en unas declaraciones a este periódico que comparte la idea de un alto porcentaje de españoles, convencidos de que veremos otra crisis económica más pronto que tarde. Francisco considera que ocurrirá así porque la economía es cíclica, y a los periodos de expansión, como los que se viven ahora, suceden normalmente periodos de crisis un poco más cortos, nuevos períodos de expansión y de nuevo periodos de crisis cortos, y así hasta que escampe. Dice Francisco que es normal que en un periodo de ocho años de expansión se produzca una crisis, pero asegura que esa crisis no tiene por qué tener necesariamente ni la profundidad ni la duración que tuvo la anterior, aunque se den motivos para ello: entre eso motivos, Francisco apunta algunos: la guerra comercial de Donald Trump, la previsible subida de los tipos de interés, la inestabilidad política, y la crisis de la Unión Europea, con los conflictos abiertos que representan el "brexit", la crisis presupuestaria italiana y la deuda pública española.

Todos esos factores pueden ser desencadenantes de una crisis económica, que podría adelantarse si además se producen al mismo tiempo. Por eso, la cuestión no es si habrá más tarde o más temprano otra crisis -que la habrá- sino cuándo puede producirse. Además, la próxima no será probablemente una crisis financiera o inmobiliaria, o una mezcla de ambas cosas, como resultó ser la de 2008, sino una crisis fiscal, del sector público, que hoy soporta una deuda del cien por cien del PIB, extraordinariamente alejada de la deuda del sector privado o las familias, que consiguieron disminuirla de forma muy considerable desde 2008. El sector público hizo justo lo contrario, arrancó 2008 con compromisos de pago de la deuda cercanos a un tercio del PIB, para acabar una década después con tres veces más endeudamiento, lo que reducirá el margen público de maniobra para hacer frente a las consecuencias de otra recesión. Sin dinero público disponible, muchas de las ayudas ante situaciones de grave necesidad no podrían aplicarse, o al menos no con la intensidad y profundidad necesaria para hacerles frente. Basta imaginar el impacto que supondría sobre la población civil que el Estado no pudiera hacerse cargo de abonar el desempleo, o no disponga de los recursos con los que se pagan las pensiones. O el desastre que implicaría no disponer de Tesorería para ayudar a las familias más necesitadas, activar el empleo con fondos públicos, o invertir en obras e infraestructuras. Si la crisis explota sin que se haya reconducido la deuda actual -y eso es lo que probablemente ocurra-, el Estado carecerá de los medios necesarios para responder, y probablemente no logrará recursos para actuar por la vía del préstamo. La crisis será entonces incluso socialmente más dañina que la última que hemos sufrido.

Se trata de un pronóstico bastante realista. Frente al que es muy poco lo que puede hacerse, excepto exigir estabilidad política a los gobiernos e instituciones, reducir la polarización e intentar moderar el guerracivilismo que hoy enfrenta sin remedio a nuestros dirigentes. Porque sin lograr acuerdos económicos de largo calado hacer frente a lo que se nos puede venir encima será aún más difícil y complejo.