Me pregunto qué ha sucedido en este país, que golpe nos hemos dado todos en la cabeza, para que lo imposible se sitúe en el rango de lo meramente normal: tras reunirse la semana pasada con Oriol Junqueras en la prisión de Lledoners, donde el secretario general de Esquerra espera juicio, Pablo Iglesias pretende "normalizar" ese encuentro, reuniéndose hoy con el lehendakari Urkullu -según ha dicho- para tratar de la situación que vive Cataluña y hablar de los Presupuestos Generales pactados por el Gobierno y Podemos, y que el PNV se ha manifestado dispuesto a aceptar si le dan lo suyo (es decir: lo nuestro).

Iglesias aprovechó el anuncio de su encuentro con Urkullu para explicar que también tenía previsto llamar al ex president Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica. Lo hizo inmediatamente: Iglesias habló ayer con don Carles durante 45 minutos para convencerle de que permita al grupo parlamentario PdCat que apoye los presupuestos. En la conversación, según se ha apresurado a contarnos un propio de Puigdemont, el líder de Podemos ha trasladado al huido que "como líder de la primera fuerza política independentista de la coalición que gobierna en Catalunya, es un interlocutor muy importante, independientemente de su situación procesal y de su condición de exiliado". También se ha ofrecido a abrir líneas de diálogo con él, "sin excluir ningún tema".

Iglesias debería aclarar si es verdad que ha calificado a Puigdemont de exiliado, y también si eso de no excluir de las conversaciones ningún tema -la independencia de Cataluña, por ejemplo- va en serio. Porque si eso es cierto, sería bueno que lo supieran los votantes de Podemos. En Andalucía, por ejemplo, donde los votantes de Podemos podrán manifestar si están o no de acuerdo con los movimientos de su jefe de filas.

También sería bueno que Iglesias nos aclare si este repentino interés suyo por hacerle el trabajo más complicado a Sánchez es a petición del propio Sánchez o cosa suya: porque ya se sabe cuáles son las condiciones que Esquerra y la tropa de Puigdemont han puesto para apoyar los presupuestos. Quieren un gesto del Gobierno de Sánchez sobre los presos. Y Joan Tardà ha aclarado cual debe ser ese gesto: que el presidente Sánchez pida a la Fiscalía que retire los cargos contra los independentistas presos. También hay quienes solicitan además que la Abogacía del Estado modifique su posicionamiento.

Esta es la normalidad que nos quieren vender, que resulte asumible negociar la calificación de un delito a cambio de un puñado de votos, los suficientes para que el Gobierno de Sánchez siga en el machito: aceptamos que la negociación de los presupuestos se convirtiera con los años en un zoco en el que se mercaban carreteras o infraestructuras o transferencias a las regiones por los votos necesarios. Ya fue un paso aceptar que las decisiones en torno al proyecto de presupuestos -el que mejor define la actuación política de un Gobierno- pasara a depender del reparto territorial de las inversiones o los dineros. Pero ahora damos una vuelta de tuerca más: se pretende cambiar votos por la interferencia del poder ejecutivo en el judicial. Lo que piden los independentistas catalanes es que el Gobierne Sánchez haga lo mismo que han hecho ellos: pasarse las leyes por el refajo. ¿Llegaremos a verlo? Con Iglesias negociando y Sánchez atrincherado en la Moncloa, es posible que esto llegue a ser normal.