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A BABOR FRANCISCO POMARES

Cerco al Santander

17/oct/18 6:29 AM
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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca denunció el lunes ante la Fiscalía la situación de las 358 viviendas del barrio de Añaza, afectadas por la decisión del Banco de Santander -a través de una de sus filiales- de no renovar los contratos de alquiler a parte de los vecinos que ocupan las viviendas, y activar posteriormente los desahucios de los mismos, por incumplimiento de sus obligaciones. Las viviendas se ubican en las manzanas 7 y 8 de Añaza y en 2006 fueron calificadas en régimen de protección oficial durante quince años, cuando lo normal suele ser 30. La protección garantizaba precios sociales para los alquileres, supervisados por el Gobierno de Canarias, que aportó ayudas a la promotora privada que construyó los inmuebles en terrenos municipales. Se trata, cuando menos, de una situación enrevesada y extraña, reiteradamente denunciada por la activista antidesahucios Inma Évora, en esta ocasión en plena sintonía con el alcalde Bermúdez y otras autoridades tinerfeñas.

Ayer mismo, José Bermúdez anunciaba en un tuit que el ayuntamiento retiraba los fondos depositados en el Santander, ante la inacción del banco, que se ha negado siquiera a responder a los requerimientos realizados por el consistorio para buscar una solución a las familias afectadas. También Carlos Alonso, presidente del Cabildo, anunció en su cuenta de Twitter la decisión de retirar los fondos de la Corporación insular del Santander, en una iniciativa sin precedentes conocidos, o al menos sin precedentes publicitados. En total, el Santander puede perder en los próximos días depósitos por casi 30 millones de euros, algo que debería hacer reflexionar a los administradores del Banco.

No quiero entrar a valorar si los fondos públicos depositados en entidades bancarias pueden -o deben- ser usados para presionar ante ellas. Desconozco si entre las atribuciones del alcalde y el presidente del Cabildo está el decidir dónde se custodia el dinero corporativo. Desde una óptica práctica, Bermúdez y Alonso pueden considerar que el banco no les presta un buen servicio, cuando ni siquiera contestan a una petición de información. El hecho es que yo no voy a criticarles por actuar como han anunciado que van a hacer, aunque me guste menos que publiciten esa decisión. Retirar los fondos habría sido sin duda suficiente presión para que el banco reaccione y rectifique.

Porque lo cierto es que el comportamiento del Santander huele a práctica abusiva: la propiedad de las viviendas -una promoción privada acogida a protección oficial- recayó en el banco como resultado compensatorio de deudas contraídas por la promotora con la entidad, liquidadas tras la quiebra de la empresa constructora. La confusión de estos días sobre el carácter de viviendas de protección oficial -invendibles por lo tanto- no ha terminado de ser despejada ni por el ayuntamiento ni por el Gobierno, pero lo que está claro es que un banco no puede tratar a sus inquilinos como si fueran delincuentes. Poner en la calle a más de 350 familias -la mayor parte de ellas dispuestas al pago de sus alquileres- es algo que no justifica ninguna lógica de mercado. El Santander debe buscar un acuerdo. No solo porque es lo razonable. También porque no le conviene pasar a la historia como el primer banco que se enfrentó a las administraciones y a los ciudadanos de Canarias. Si no ceden, pueden sufrir un efecto dominó: estas cosas se sabe cómo empiezan, pero nunca puede garantizarse cómo terminan.

A BABOR FRANCISCO POMARES