Se conocen pocos casos en que el personal de un servicio público prestado por una empresa sea rescatado por un Gobierno para ser devuelto después a esa empresa. Personalmente, estoy convencido de que el personal de la televisión pública canaria, que antes lo era de la concesionaria del servicio, acabará integrándose como personal laboral del Ente Público Radio Televisión Canaria. Porque es el modelo más razonable y porque ya está bien de seguir soportando cada ocho o diez años el chantaje de los adjudicatarios usando a un personal sin derechos. Que el Gobierno resuelva el problema del personal de la televisión pública no va a significar que el servicio que prestan sea automáticamente mejor, pero al menos puede oxigenar el sistema. Lo que ocurre es que ese proceso, que algunos venimos defendiendo desde hace años, hay que hacerlo bien respetando los derechos de los actuales empleados de la tele -los de la empresa adjudicataria y los de las subcontratas de ésta-, pero también los del resto de los profesionales canarios que aspiran a trabajar en la televisión pública.

El Grupo Parlamentario de Podemos presentó la semana pasada un total de 21 enmiendas a la Ley de Radiotelevisión Canaria, cuyo objetivo declarado es blindar los informativos públicos para evitar que vuelvan a ser externalizados a empresas privadas, y que el Consejo Rector de la tele sea elegido por convocatoria pública, como se intentó -con escaso éxito- en la televisión pública española. Juan Márquez, portavoz de Podemos para este asunto, viene defendiendo desde hace tiempo la necesidad de que se garantice la independencia de la tele para que los profesionales puedan trabajar con libertad y objetividad. Supongo que todo el mundo está de acuerdo con esta declaratoria, el problema es cómo conseguir que ocurra: hay quien cree que el sistema es quitarle poder a la dirección de la tele, y dárselo al Consejo Rector o al organismo que lo sustituya. La experiencia de tres años de bloqueo político en el Consejo ha demostrado que la clave no es esa, sino establecer mecanismos de selección de los directivos del ente, y de control de sus actuaciones que eviten las golferías y desmanes ocurridos durante la etapa de Willy García, cuando el director podía hacer de su capa un sayo, pero también la inoperatividad de la etapa siguiente, en la que el presidente del Ente tenía que someter a un consejo bloqueado por intereses empresariales en liza hasta la compra de la provisión de café. La solución parlamentaria al bloqueo político del Consejo no fue otra que autorizar al Gobierno a nombrar un administrador único que hace exactamente lo que se le antoja, y que podrá seguir haciéndolo hasta el 31 de diciembre, sin tener que dar cuentas a nadie más que al Gobierno. Es un modelo eficaz, desde luego, pero permite que ocurran cosas como que la nueva responsable de Finanzas de la Televisión sea la misma persona que hasta hace unos meses era responsable financiera de la empresa concesionaria del servicio. ¿Sorpresa? Bueno, ahora que en la tele manda alguien, y lo hace con mano dura, no parece que los partidos estén dispuestos a montar escandaleras por asuntillos sin importancia, de las que en los medios ni se informa.

Mientras a los políticos se les llena la boca con declaraciones sobre cómo hacer desaparecer la censura y cómo garantizar la pluralidad informativa y otras cosas así, lo cierto es que las cosas siguen básicamente igual en la tele: el mismo desconcierto sobre el futuro, la misma concesionaria cobrando todos los meses del Gobierno, y las mismas maniobras orquestales en la oscuridad. Aunque es verdad que el ruido mediático ha bajado lo suyo. Algo es algo.