El TSJC tendrá que decidir en los próximos días si procede investigar al presiente Clavijo por el caso Grúas, relativo a un préstamo realizado por el Ayuntamiento lagunero -cuando Clavijo era su alcalde-, a la empresa prestataria del servicio. El fiscal, que se había sumado inicialmente a la posición de la magistrada instructora Celia Blanco, considerando que no había delito, tras ser archivado el caso, ha observado ahora indicios de prevaricación y de malversación de fondos públicos en el préstamo concedido por el Ayuntamiento amparándose en informes externos al propio consistorio. El préstamo, al que se había opuesto el interventor del municipio- por eso se solicitaron informes externos- fue devuelto antes de tiempo, abonando los intereses del mismo. Pero el fiscal Sánchez López ve ahora, tras la reapertura del caso a instancia de los partidos denunciantes -Unidos Se Puede, grupo participado por Podemos y Por Tenerife-Nueva Canarias- indicios de prevaricación y malversación en la decisión de Clavijo de levantar el reparo formulado por el interventor y facilitar a la concesionaria un crédito de 120.000 euros para evitar su quiebra y la interrupción del servicio.
La decisión del fiscal resulta singularmente llamativa, porque -sin aportar pruebas nuevas- el hombre ha cambiado de criterio. El 27 de julio del año pasado informó favorablemente el archivo del caso "por entender que los fundamentos de la juez se ajustan a derecho". Exactamente un año después, el mismo 27 de julio, pero de 2018, y sin aportar más documentación, Sánchez López dice en la comunicación al juzgado que en la actuación de Clavijo "concurren indicios de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos." El primero de los delitos parece mejor fundamentado en el escrito de la fiscalía, aunque no así el segundo, bastante traído por los pelos. Porque el fiscal considera que el delito de malversación no implica quebranto de las arcas públicas -el dinero y los intereses fueron devueltos antes de plazo- sino la misma posibilidad de que ese quebranto se produzca.
El caso Grúas, que ya cuenta entre sus imputados a dos de los concejales de la mayoría que apoyó la decisión, entre ellos el actual alcalde, ha tenido un recorrido cuando menos sorprendente: tras las primeras denuncias, el caso fue archivado por la jueza instructora, que recibió por hacerlo un contundente varapalo del presidente de la Audiencia, el juez Astor Landete, que primero forzó la reapertura, y dos meses después, en diciembre del año pasado, exigió que se investigara al actual alcalde José Alberto Díaz, a pesar de que la jueza había considerado que no debía ser citado como investigado, dado que siendo concejal no firmó ningún decreto.
El caso entra ahora en una fase singular, en la que -muy probablemente Clavijo será citado como investigado por el TSJC. Clavijo ha dicho que sus denunciantes han actuado movidos por interés político. Por supuesto, nadie duda de la intencionalidad política de los denunciantes, que usan para destruir a Clavijo un caso cuyo recorrido empieza en 2004. Pero el hecho es que los denunciantes están en su derecho de ir a por Clavijo, tanto como Clavijo está en el de defenderse movilizando los recursos de que disponga, incluyendo el que su partido permita a cualquier no condenado en firme mantenerse como candidatos y como electo. Lo importante de este asunto es que la justicia actúe cuanto antes, y determine si el procedimiento seguido por Clavijo para prestar el dinero y evitar que el servicio tuviera que ser asumido por el propio Ayuntamiento, fue o no legalmente correcto. Cuanto antes ocurra eso, mejor para Clavijo: hace cuatro años se salvó por los pelos de enfrentar una campaña imputado por el caso Corredor. Ahora se vuelve a repetir la jugada.