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A BABOR FRANCISCO POMARES

Hipocresías

17/jul/18 5:58 AM
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Una década después de los hechos, se ha publicado por primera vez que el Gobierno de España, a través de sus servicios de inteligencia, desarrolló una importante campaña para frenar la inmigración ilegal a las islas, pagando "in situ" a los dueños de cayucos y pateras o a quienes podían proveer a estas embarcaciones de repuestos imprescindibles para la navegación, logrando frenar así la llegada de inmigrantes a las costas canarias y la pérdida de vidas.

A pesar de la escandalera organizada ahora, al publicarse la noticia, se trata de una práctica conocida: los servicios secretos españoles la utilizaron para resolver la crisis de agosto de 2006, con extraordinarios resultados. Se evitó que decenas de miles de personas se lanzaran al mar a realizar una travesía muy peligrosa y en la mayor parte de los casos completamente inútil, y que se perdieran centenares de vidas. Cualquier periodista que se implicara en la ocurrido aquellos días terribles sabía de esa práctica, que contó con la implicación de hasta cuatro ministerios, el apoyo de nuestras embajadas y la complicidad de muchísima gente, y que fue determinante para desalentar el tráfico. Se sabía más, incluso, de lo que se ha publicado. Se sabía -por ejemplo- que no solo se compró la inacción de los patronos de embarcaciones en Mauritania y Senegal, o de las mafias familiares o tribales que los controlan. También se sobornó a policías de Marruecos para que hicieran su trabajo, y no miraran para otro lado cuando se producían los embarques masivos. Eso sirvió para reducir drásticamente la llegada de personas, y de los casi 32.000 que llegaron en 2006 se pasó a poco más de 12.000 en 2007 y apenas dos mil el año siguiente. No hay datos sobre las vidas que pudieron salvarse, pero si en 2006 el cálculo es que perdieron la vida un millar de personas en el mar, intentando llegar a las costas canarias procedentes de Malí, Burkina Faso, Níger y Chad, realizar una brutal regla de tres está al alcance de cualquiera.

Ocurre que hoy vivimos un tiempo muy hipócrita, un tiempo en el que nadie se escandaliza porque España ni siquiera haya cumplido con la quinta parte de su mísera cuota de acogida de 17.000 refugiados de la crisis siria (rebautizados como inmigrantes) pero nos rasgamos las vestiduras con aspaviento y publicidad si alguien llama por su nombre a los futuros campos de concentración y clasificación de inmigrantes llegados ilegalmente en Europa... y la cuestión es que no porque nos esforcemos en buscar nombres asépticos van a dejar de cumplir la función para la que fueron creados.

Lo que Europa ha hecho estos años de cierta tranquilidad en lo que la llegada de pateras y cayucos se trata, ha sido ampliar el campo de los comprados y sobornados. En vez de ir uno por uno sobornando a los patrones de los barcos, decidió pagar suculentamente a las autoridades de los países que aceptaron poner su policía al servicio del interés europeo. Mauritania, Senegal y Marruecos han colaborado decididamente en la detección y bloqueo de las pateras, en la mayor parte de los casos, utilizando a las mismas fuerzas de seguridad que antes contemporizaban con las mafias del transporte y la necesidad de miles de desesperados. Los recursos estratosféricos que se destinan a este negocio no nos escandalizan. Como si pagar a los turcos para que hagan el trabajo sucio que los europeos no queremos hacer nos resultará moralmente más digno que el viejo y tradicional menudeo de los servicios secretos y la policía sobre el terreno...

A BABOR FRANCISCO POMARES