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A BABOR FRANCISCO POMARES

La isla número ocho

30/jun/18 6:32 AM
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La Comisión General de las Comunidades Autónomas debatió el martes en el Senado una moción del PP para declarar La Graciosa como octava isla de Canarias. Se trata de una iniciativa que viene siendo impulsada desde hace años por el denominado Consejo de la Ciudadanía de La Graciosa, cuya iniciativa 'La Graciosa Octava Isla' fue distinguida el pasado Día de Canarias con la Medalla de Oro de Canarias. La reivindicación del reconocimiento de este territorio como "isla habitada" en la reforma del Estatuto de Autonomía ha sido arropada con simpatía por las principales instituciones y corporaciones del Archipiélago, sin que se conozca ninguna oposición al proyecto. Quizá porque la declaración es básicamente un brindis al sol que no modifica en nada ni el estatuto municipal de La Graciosa, un territorio insular del municipio de Teguise, ni plantea su consideración política como isla con representación parlamentaria propia.

La propuesta del Consejo, presentada en el Senado por Joel Delgado, senador del PP conejero, pretende conseguir -según Delgado- que "la isla tenga un tratamiento legal singular que permita y sirva al propósito de mejorar la calidad de vida de los gracioseros". El problema es que esa 'consideración legal' de isla habitada no representa nada de nada. Es un puro acto de voluntarismo, el reconocimiento en papel oficial de una realidad obvia. En sus casi 30 kilómetros cuadrados, La Graciosa cuenta con dos núcleos urbanos, Caleta del Sebo y Casas de Pedro Barba, con algo más de 700 habitantes. Al margen del territorio ocupado por esos dos pueblos, que hasta hace unos años vivían de la pesca, y hoy básicamente del turismo, el resto del territorio de la Isla pertenece -como las demás islas del Archipiélago Chinijo, del que La Graciosa forma parte- a Patrimonio del Estado, y es administrado por Parques Nacionales.

La declaración de "isla habitada" puede resultar simbólica y muy emocionante para los vecinos de la Isla, pero no resuelve ninguno de sus problemas: ni dota a los ciudadanos de La Graciosa de representación política ante ninguna instancia (hoy tienen un concejal en Teguise), ni supone abrir la puerta a ayudas o políticas específicas para la Isla, que pueden perfectamente desarrollarse sin necesidad de declaraciones sin contenido. De hecho, la propuesta que defendió en el Senado el PP en representación del Consejo Ciudadano es una muestra clara de esta forma de hacer declaraciones sin coste alguno, con gestos y compensaciones simbólicas, que hoy se nos vende como 'nueva política' por todos lados. Más eficaz que aprobar unánimemente esta moción sería definir un plan de ayudas concretas para los habitantes de la Isla, con exenciones fiscales sobre la renta o la actividad económica, o diseñar políticas de larga duración que permitan mejorar las condiciones de vida de una isla pequeña que entre 2011 y 2015 -a pesar de la crisis y el aislamiento- aumentó más del diez por ciento su población residente. Porque el futuro de La Graciosa que hoy conocemos y que quieren sus vecinos es complicado si se mantienen estos crecimientos de forma constante: la fisonomía de la Isla puede verse en riesgo, comprometiendo los hábitos y la idiosincrasia local. Menos declaraciones y más compromisos para resolver los problemas de la gente, ese debiera ser el camino.

En La Graciosa y en todas partes.

A BABOR FRANCISCO POMARES