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A BABOR FRANCISCO POMARES

TVC: el Gobierno mueve ficha

28/jun/18 6:35 AM
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La noche del martes, en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, celebrada dramáticamente en horas poco usuales y en ausencia del presidente Clavijo, de viaje en Madrid, se aprobó que el Ente Público Radiotelevisión Canaria asuma la gestión directa de los informativos del canal autonómico y proceda a la subrogación de los 220 trabajadores de Videoreport, la empresa prestataria de los servicios, que concluye su segunda prórroga de contrato el próximo 30 de junio. El consejero de la Presidencia, José Miguel Barragán, anunció que la decisión fue adoptada por el Consejo tras conocer la propuesta en este sentido realizada por el administrador único de Radiotelevisión Canaria, José Carlos Naranjo Sintes, para asumir la gestión directa de los servicios informativos, hasta que el Parlamento de Canarias adopte un modelo de gestión definitivo, y evitar que la televisión canaria se vaya a negro.

La fulminante decisión del Gobierno tiene su intrahistoria: en la última semana, tanto Naranjo como algún representante del Gobierno mantuvieron contactos con directivos de Videoreport para comunicar la imposibilidad de una prórroga del contrato y solicitar el alquiler de los locales desde los que se producen y emiten los informativos, durante un plazo a negociar. La respuesta del licitador fue -al menos inicialmente- contraria a cualquier acuerdo distinto a una tercera prórroga de nueve meses. Ante la negativa del Gobierno, el martes por la mañana se produjeron en el Parlamento de Canarias distintos movimientos de Román Rodríguez intentando armar una mayoría para reprobar al administrador, nombrado hace menos de una semana, e imponer a otro, dispuesto a un acuerdo con la licitadora. Los movimientos no prosperaron porque tanto el PSOE como Podemos -partidos favorables a que los informativos sean gestionados públicamente- rechazaron la iniciativa. Una iniciativa a la desesperada del político que más ha venido defendiendo la prórroga y que, en la obsesión de ocuparse de intereses privados, ha dejado que se le desbaraten asuntos públicos de enjundia, como la frustrada rebaja del 75 por ciento en los viajes a la Península negociada por su partido en los presupuestos del PP. La movida de Román el martes por la mañana precipitó la decisión del Gobierno de acordar la subrogación, amparándose en el dictamen favorable a esta opción del laboralista Manuel Álvarez de la Rosa.

Así, a partir del día 1 de julio, Hacienda incorporará al presupuesto del Ente las cantidades necesarias para abonar los sueldos del personal subrogado. No es una decisión que implique un vínculo definitivo de los trabajadores de Videoreport al Ente, pero garantiza la continuidad del servicio y abre el paso a un posible concurso o prueba de acceso que culmine en el futuro un proceso de selección de personal que debe realizarse con todas las garantías, y abriéndose a la participación de otros trabajadores que deseen optar a ser personal de la tele pública. Con este procedimiento provisional, que depende del mandato final del Parlamento, el licitador se libra de indemnizar a los trabajadores, que mantienen en esta subrogación su antigüedad y derechos.

Solo resta ver cómo resolverá el administrador único la cuestión de la continuidad de la señal, que requiere de algunas decisiones técnicamente complejas. Y esperar el desarrollo judicial de las demandas cruzadas entre el licitador y la tele. La cuestión aún sigue en el aire, pero hay 220 empleados que al menos tienen la certeza de que -de momento, mientras el Parlamento no decida otra cosa- no acabarán en la calle.

A BABOR FRANCISCO POMARES