El diputado tinerfeño de Podemos, Alberto Rodríguez, ofreció el miércoles su particular versión de los hechos por los que se sigue en el Supremo una causa contra él por desórdenes públicos. Rodríguez, que declaró ante el magistrado Luciano Varela, está investigado por un incidente ocurrido en la madrugada del día de Navidad de 2006. Fue tras un control de drogas de la Policía Local de La Laguna, en el que Alberto Rodríguez y otros amigos -según la versión policial- increparon a un grupo de personas y provocaron un altercado. El caso fue juzgado en los tribunales ordinarios y algunos de sus protagonistas aceptaron en su momento una sentencia de conformidad, lo propio para un asunto de menor enjundia como éste. Alberto Rodríguez no se avino a acuerdo y planteó siempre que había actuado en defensa de los derechos civiles de su hermano ante una agresión, negando cualquier enfrentamiento con la Policía. El caso se ha ido arrastrando durante doce años hasta que -por la condición de aforado de Alberto Rodríguez- acabó por llegar al Supremo.

En realidad, esté o no esté el procedimiento en el Supremo, se trata de una historia muy menor, ocurrida una madrugada festiva y etílica de hace una década, cuando el diputado Rodríguez era poco más que un pibe. Es verdad que durante el altercado se dañó un automóvil y se destrozó mobiliario urbano, pero también lo es que tiene toda la razón el diputado podemita cuando asegura que el Supremo tiene probablemente asuntos más importantes de los que ocuparse, y que este lío debería haberse resuelto hace ya tiempo en los juzgados ordinarios. Cierto, pero si no ha ocurrido así, si aún no está resuelto, es precisamente porque Rodríguez es diputado, está convenientemente aforado (de acuerdo con uno de esos privilegios parlamentarios que siempre han denunciado desde Podemos), y su caso no puede ser tratado por los tribunales ordinarios.

Por otro lado, argüir que el caso se ha filtrado a los medios con afán de perjudicarle y por ser él diputado podemita es una tontería de tomo y lomo: cualquier caso que afecte a un diputado y llegue al Supremo es noticia. Aunque sea una noticia de tan poca entidad como una trifulca en una noche de vacilón hace doce años. Alberto Rodríguez, en cualquier caso, le ha sacado ya el cuajo a su comparecencia: ha aprovechado la oportunidad de declarar ante el Supremo que él no está siendo investigado por robar o por falsificar másteres (como media clase política española). No. Él está en el Supremo por una causa noble: por su presunta participación en una bronca callejera, sobre la que aún no hay veredicto ni sentencia. Y en verdad es absurdo que la Justicia tarde doce años en aclarar semejante minucia, y que el asunto sea tratado en el Supremo. Pero es lo que hay.

En vez de buscar conspiraciones imaginarias, Alberto Rodríguez debería plantear mañana mismo una iniciativa parlamentaria para que Sus Señorías solo sean juzgados por el Supremo por actuaciones políticas, y no por ir (o no) más puesto de lo debido en una juvenil noche de farra.