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A BABOR FRANCISCO POMARES

Última oportunidad para la decencia

22/mar/18 6:24 AM
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Ayer se corrió por las redacciones la noticia de que la Mesa de contratación de la televisión pública había decidido suspender el multimillonario contrato para los servicios informativos de la televisión canaria, atendiendo a defectos de forma en la presentación de las tres ofertas. Parece que las tres empresas presentaron la documentación que tenía que ir en el sobre tres -el de la oferta económica- en el sobre dos, y eso es más que suficiente para -de acuerdo con la ley de contratos- suspender el concurso. Supongo que los responsables de las tres empresas -la actual adjudicataria, Videoreport, y las dos aspirantes, una filial de la chino-catalana Mediapro y una sociedad vinculada a los grupos Prisa y Prensa Ibérica- se habrán quedado pasmados ante tal desastre.

Personalmente, creo que la situación, fruto de una interpretación incorrecta de cómo tenía que presentarse la documentación, y de la decisión de la Secretaria del Consejo de suspenderlo, demuestra al menos dos cosas: una es que el concurso estaba realmente en manos de técnicos independientes (y no controlado por el Gobierno), y la otra es que con los continuos cambios en los sistemas de contratación del Estado, aquí va a haber que hacer cursillos para aprender cómo presentarse a los concursos. Es ridículo que tres empresas importantes no sepan hacerlo. Pero es lo que hay.

Lo ocurrido supone un embrollo monumental, que lleva la televisión a su cierre, o a plantear algún disparate, como adjudicar a dedo, igual que hizo Rivero hace diez años, o renovar el contrato de forma ilegal a la actual adjudicataria. Más embrollos en este disparate en que la adjudicación de 144 millones de golpe y porrazo ha logrado convertir a la tele canaria. Gobierno y oposición deberían plantearse que la suspensión supone también una nueva oportunidad para hacer lo que hay que hacer de una vez por todas, que es no violentar la ley de nuevo, con riesgo de cárcel para quienes lo hagan, sino convertir la tele canaria en una televisión pública de verdad, y no en un sistema para envenenar las relaciones entre medios de comunicación y política, un sistema que traslada comportamientos mafiosos -compra incluida de votos de diputados- a la vida parlamentaria, y que ha convertido el ente canario en objetivo de todas las conspiraciones planetarias. Todo el mundo se queja de que la tele canaria es una porquería, pero nadie dice que la tele la hace una empresa privada, que gana una pasta, mantiene en la precariedad a sus empleados, programa lo que se le antoja y manipula informativamente a conveniencia de sus intereses. Así es como funciona la cosa, y cada vez que hay que renovar el contrato -cada ocho años- se montan unas carajeras de muerte, en la que los políticos pierden el culo por favorecer a las empresas de comunicación en liza. Ahora, la decisión de la mesa coloca el debate de nuevo en la posibilidad de plantear una televisión de verdad pública, de verdad independiente, de verdad dirigida por profesionales elegidos para hacer que la televisión funcione con criterios de servicio público y no empresariales o partidarios. Una televisión cuya autonomía e independencia sea de verdad tutelada por el Parlamento, que contrate a sus empleados en condiciones decentes y razonables, que garantice la libertad de información y que aporte contenidos culturales, informativos y de entretenimiento de calidad, y no basura que nos sonroje cada vez que encendemos las pantallas. Una televisión que con la boca chica apoyan varios grupos parlamentarios. Una televisión que -gestionada con decencia y como ente independiente- podría costar menos de lo que cuesta ésta, porque en ella no habría que atender a beneficios empresariales. El Gobierno y los partidos de la oposición tienen ahora la oportunidad de demostrar que están por el interés común. Ojalá no la desaprovechen.

A BABOR FRANCISCO POMARES