Hace pocas semanas, cuando en los titulares se daba por empresarialmente muerto al presidente del Grupo Ralons y la Unión Deportiva Las Palmas, dije en esta misma tira que este hombre es de los que resulta difícil enterrar. No sé si es cuestión de "baraka", de poder permitirse los mejores abogados del mundo, o su suerte tiene que ver con esa extraordinaria capacidad de resistencia a las adversidades que da haberse criado en las calles y saber lo que significa volver a ellas. Miguel Ángel Ramírez es lo más parecido que yo conozco a un gato con siete vidas, al que tiras desde un cuarto piso y cae de pie, y antes de que te des cuenta se ha subido a tu chepa y te ha destrozado la cara a arañazos. La forma en que se defendió de la trampa en la que intentaron meterlo el juez Alba y sus amigos políticos demuestra que es difícil ganarle a marrullerías, y que tiene olfato para entender cuándo se la van a jugar. No precisamente es un tipo de mi cuerda, pero le reconozco una constitución coriácea, y una forma de defenderse que inspira en los agresores la certeza de que es mejor guardar las distancias?

La decisión de la Audiencia de Las Palmas de declarar prescrita la pena de Ramírez por las obras en su finca de La Milagrosa supone un balón de oxígeno para su particular vía crucis judicial, y también un importante respiro personal y cierto alivio de la presión sobre su tinglado empresarial. Con la prescripción, establecida por el auto de la Audiencia en el que se asegura que el plazo para ejecutar la pena de Ramírez concluyó hace ya un año, el empresario no sólo despeja el peligro real de entrar en la cárcel -con el que lleva conviviendo casi una década-, sino que se permite iniciar un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo para que la condena sea directamente anulada, una vez que ha sido resuelta por la Audiencia la extinción de la responsabilidad penal.

Ramírez puede concentrarse ahora en resolver la peliaguda situación de sus empresas, y sobre todo el grave desamparo de miles de empleados suyos, instalados en una dramática espera para cobrar sus salarios, agravada por los embargos judiciales por impago de cuotas de la Seguridad Social y deudas con Hacienda. Esa situación provocó la maniobra de recurrir al concurso de acreedores para poder atender los pagos atrasados a los trabajadores antes que las reclamaciones de la Seguridad Social y Hacienda. Ramírez ha demostrado su habilidad en los juzgados, pero debe probar con hechos que sus reiteradas declaraciones de que abonará hasta el último euro que debe a sus empleados va en serio. No solo porque no parece de recibo que el dueño de una Unión Deportiva saneada y que gana dinero a espuertas, propietario también de un importante paquete accionarial del Tenerife, mantenga a los trabajadores de sus empresas de seguridad sin cobrar. Puedo alegrarme de que no acabe en prisión por un delito urbanístico -la ampliación de su casa en La Milagrosa para instalar una pajarera- que el TSJC considera que nunca fue delito. Pero más me alegrará que cumpla sus obligaciones de empresario y pague ya lo que debe a sus empleados, que no tienen los recursos para defenderse que él ha demostrado. Y luego que pague también su deuda a la Seguridad Social y a Hacienda, que somos todos.