Los periódicos del grupo Prensa Ibérica en Canarias informaban ayer, citando fuentes no declaradas del TSJC, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias devolvería al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, del que se ocupa la magistrada Celia Banco, la parte del caso Grúas que afecta a Fernando Clavijo. La Sala de lo Penal del TSJC descartaría así tomar declaración al presidente de la Comunidad Autónoma, evitando por tanto imputarlo (ahora se dice investigarlo). Según ambos periódicos, la devolución de esa parte de la causa al juzgado se produce porque la jueza no puede inhibirse de la causa ante un tribunal de superior rango, y porque además, para que el TSJC intervenga, debe necesariamente haberse producido la decisión de investigar a Clavijo. La información, presentada con gran despliegue tipográfico en las portadas de ambos periódicos, no presupone cuál será la decisión final que adoptarán los tribunales sobre quién es sin duda el principal objetivo de la denuncia presentada por la oposición de La Laguna, el todavía no investigado presidente del Gobierno, denunciado por un asunto ocurrido hace trece años, un asunto archivado hace unas semanas por la jueza Blanco, pero reabierto siguiendo instrucciones del juez Astor Landete, presidente de la Audiencia, que decretó la reapertura del caso por entender que la jueza no lo había investigado suficientemente. No es la primera vez que Landete conmina a su subordinada Blanco a ser más cuidadosa con los trámites, pero lo cierto es que -al margen de lo que ocurra con este procedimiento- aquí parece que los juzgados se lo están pasando de manos como una papa caliente. Es sin duda un asunto delicado, un caso extraordinariamente politizado y mediatizado, que afecta al presidente Clavijo en sus etapas como concejal y alcalde lagunero y que ha sido presentado por los medios enfrentados a Clavijo como si fuera un caso de corrupción comparable al caso Las Teresitas, cuando se trata de un asunto a todas luces de muchísima menor enjundia.

Lo más llamativo de este caso -que le ha estallado a Clavijo cuando parecía tener lo que queda de legislatura bajo control- es su intensa utilización mediática. Tanta que ayer mismo la edición digital de Canarias 7, periódico que no había publicado la información sobre la decisión del TSJC de devolver el caso al Juzgado de La Laguna, se descolgó con una información -también de elaboración propia y también sin fuentes identificables- asegurando que el TSJC había "desmentido categóricamente" las informaciones publicadas por la competencia, asegurando que la Sala de lo Penal descarte citar a Clavijo, o haya decidido devolver el caso Grúas a la magistrada Blanco. Para añadir acto seguido que "lo único cierto" es que se solicitará a la jueza una mayor fundamentación del envío de la causa al TSJC. Porque el hecho real es que para enviar la causa al TSJC ha de haber un investigado que este aforado, y de momento no lo hay, aunque Canarias 7 y otros medios lleven días asegurándolo.

No tengo zorra idea de lo que ocurrirá al final con el caso Grúas, pero lo que ya resulta obvio es que -con el sobajeo político y mediático al que está siendo sometido, y con la bronca entre jueces que hay de fondo-, va a ser muy difícil enterarse del fondo de un asunto en el que de momento lo que hay es muchísimo ruido de informaciones cruzadas y sin fuente identificable. Y -de momento- muy pocas nueces. Quizá habría que dejar actuar a la Justicia sin someterla a esta ruidosa presión.