Cambia el discurso en el Parlamento de Canarias. Ahora de pronto, todos han descubierto lo bueno que sería que los informativos de la televisión canaria se gestionaran desde lo público y no por medio de un contrato. Eso defienden de pronto los mismos que impidieron que la propuesta del PSOE en tal sentido fuera incorporada al mandato marco sobre la RTVC, por la sencilla vía de dejar a la tele sin mandato parlamentario. Sin duda algo ha tenido que ver en este cambio el hecho de que la sorprendente alianza de Román Rodríguez y Asier Antona para evitar que el concurso de televisión saliera adelante, sólo lograra contar con sus diputados y los de Podemos, que se apuntan a cualquier voladura, incluyendo la suya propia. En realidad, al PP se les escapó Cristina Tavío, que se la tiene jurada a Asier Antona desde las primarias populares. Tavío justificó su abstención (se sumó a la posición del PSOE) alegando que quería evitar contradicciones con el informe jurídico encargado por la mesa. Una explicación más chiripitiflaútica que surrealista. Ninguneada por Antona y sin futuro claro en el PP mientras Antona siga de mandamás popular, se dio el gusto doña Cristina?

Pero la historia que nos ocupa es la nueva situación creada en torno a la tele: el Parlamento respaldó ayer la continuidad de Negrín, y la mayoría de los grupos pidieron que los informativos sean gestionados públicamente. Otro tardío brindis al sol de Sus Señorías: lo plantean cuando no quedan más que 45 días para adjudicar un concurso que ya está en marcha. Si en algún momento la oposición parlamentaria quiso realmente que los informativos fueran gestionados públicamente, el momento para plantarlo tendría que haber sido cuando lo hizo el PSOE -el único partido que ha sido coherente en defender que la tele sea de verdad pública-, durante el debate del mandato marco. Hacerlo ahora, con el concurso ya en marcha y las empresas preparando sus ofertas, es de coña. Al Gobierno no le ha interesado nunca que el servicio sea público, y la oposición está instalada en la marcha atrás y el coitus interruptus.

Por lo demás, el lío de la tele no está cerrado en absoluto. Hay que ver qué pasará con los relevos en el Consejo Rector, y especialmente con María Lorenzo, consejera incompatible, representante no se sabe si del PSOE de antes o de sus intereses familiares en la tele, que era la candidata tapada de Román Rodríguez para sustituir a Negrín, y se permitió cantarles las cuarenta a sus colegas del PSOE y poner a chufla a la ejecutiva de Ángel Víctor Torres cuando ésta anunció su decisión de abstenerse. La ley no contempla ningún sistema para cambiar a un consejero -solo para cesar al presidente, y sólo como presidente- y lo que se escucha es que a Lorenzo le van a aparecer las pruebas de su incompatibilidad manifiesta para defender al mismo tiempo los intereses generales y los particulares de su señor padre. Pero no creo yo que sea un buen sistema éste de que el Parlamento salga a cazar consejeros del Ente como entretenimiento. Lo que procede ahora no es perder el tiempo con más guerritas inanes, sino garantizar la limpieza y éxito de la próxima adjudicación de los servicios, que debe ser de verdad la última. Primero porque es un dislate este formato que cede la soberanía informativa a una empresa privada, y con ella el personal, los muebles y el equipo. Segundo porque los trabajadores de la tele no se merecen otras dos décadas de inseguridad laboral. Y tercero, porque Canarias no puede permitirse cada ocho años una nueva e inútil guerra mediática que todo lo cubre de porquería.