El presidente de la Televisión Canaria, Santiago Negrín, denunciará hoy ante la Fiscalía las presiones que ha sufrido por parte de algunos medios de comunicación, interesados en resultar adjudicatarios del contrato de 144 millones de euros que la Televisión Canaria debería fallar en los próximos meses, para poder así cubrir los servicios informativos responsabilidad de la propia televisión. En una nota de prensa emitida ayer, Negrín ha calificado de "inaceptables en un Estado de Derecho" las presiones sufridas tanto por él como por otros miembros del "staff" de la televisión pública, y ha hecho saber su intención de pedir amparo para garantizar el buen desarrollo del concurso público, velar por la libre concurrencia de las distintas empresas que quieran participar en el concurso, sin sufrir interferencias, y superar los acontecimientos que han provocado la judicialización de muchos de los contratos adjudicados por la Televisión Canaria.

Negrín denuncia que la presión mediática contra él y otros directivos se produce desde el inicio de los trabajos preparatorios para la licitación de los servicios informativos, es decir, cuando aún se estaban empezando a preparar las plicas a las que deben adaptarse las ofertas de las empresas que quieran licitar. Las presiones han sido de distinto tipo: en el pasado, Negrín denunció la existencia de guasaps con amenazas e intentos de extorsión, y ahora se refiere a informaciones claramente sesgadas, titulares falseados que no se corresponden con lo que dice la información, insultos y descalificaciones a su persona, así como noticias sin contrastar, realizadas con el único objetivo de afectar a su integridad como órgano de contratación e interferir en el concurso público lesionando de ese modo la libre concurrencia. Lo curioso del caso es que ninguno de los medios denunciantes de supuestas irregularidades por parte de Negrín, ni ninguno de los partidos políticos que a veces se han sumado a las descalificaciones de los medios, ha acudido hasta ahora a los tribunales para denunciar los comportamientos supuestamente lesivos al interés general protagonizados por el presidente del Consejo Rector.

La historia, en realidad, se repite: cada vez que se trata de renovar la adjudicación del servicio, se producen tensiones entre el Gobierno o la tele y la productora que mantiene el contrato, y que -por supuesto- pretende renovarlo, una tensión a la que se suman dirigentes de partidos políticos interesados en obtener favores mediáticos. La actual productora, Videoreport, está participada por el rotativo Canarias 7, que se ha prodigado en los ataques a Negrín.

La solución a este problema podría ser eliminar el actual sistema de contratación de la televisión canaria e ir a un mandato marco del Parlamento que permita que la televisión desarrolle autónomamente los servicios informativos, sin tener que pagarle a una productora 144 millones de euros para que sigan siendo las productoras, veinte años después de arrancar las emisiones, las únicas dueñas de los platós, las cámaras, las unidades móviles, el personal y todos los servicios de la tele. Curiosamente, y a pesar de las continuas peticiones de los sindicatos y los periodistas afectados, no hay manera de que los políticos encuentren la manera de poder discutir eso en el Parlamento.