La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife desestimó ayer los recursos y alegaciones presentados por los investigados por el caso Hubara, una hijuela del "affaire" de Las Teresitas que seguía la pista del gasto de más de cinco millones de euros en la campaña electoral de 2007, realizado por Ignacio González Santiago, hijo del empresario Ignacio González Martín, ya condenado por Las Teresitas a cinco años de prisión. La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido hasta cuatro años de cárcel para cuatro de los dirigentes del partido de diseño montado -presuntamente con el dinero que logró su padre gracias a la operación de Las Teresitas- por Ignacio González hijo. El alarde organizativo del Centro Canario Nacionalista en aquella campaña, el fichaje con contrato y pagos a algunos candidatos, la profusión de locales, la adquisición de todo un parque móvil y el gigantesco gasto publicitario, con compra de espacios en todos los medios, provocó en su momento una oleada de sospechas sobre el origen de los enormes recursos destinados tan munificentemente a esa campaña. Aunque hay que decir que fueron pocos los medios de comunicación que se negaron a colaborar en ella.

Hoy se piden penas de cuatro años de prisión para Ignacio González hijo por un presunto delito de falsedad relativo a la aplicación de la ley electoral, y a su padre, en aquel entonces presidente de la Cámara de Comercio de Tenerife, al que también se imputa por los delitos de falsedad electoral (seis meses) y malversación de fondos (tres años). La fiscalía pide también penas menores de prisión para Pedro González -hijo y hermano de los anteriores- y para Juan Pedro Ruiz, mientras que a José Luis Langa -el administrador del partido que organizó la campaña, y que siempre ha negado estar al corriente de la procedencia del dinero usado- se le piden cuatro años de cárcel.

La trama montada por los González no era muy diferente de la que se usaba en menor escala en buena parte de los partidos, con distintos mecanismos y procedimientos. Lo que ocurre es que en el caso del CCN, y en 2007, las trampas, falsedades y excesos fueron evidentes. No se trataba de que un empresario entregara un par de miles de euros en B al despiste, o pagara a una imprenta unos carteles. Fue una verdadera locura: el gasto que el partido de los González tenía autorizado era de poco más de dos millones de euros y se gastaron más de siete. Se tiró el dinero a manos llenas, y las facturas las pagaban las empresas de los González, tras haber recibido la inyección económica que supuso el pelotazo de Las Teresitas. El objetivo era construir prácticamente de la nada un partido que pudiera llegar a tener presencia en la mayor parte de los ayuntamientos de las Islas, y ser determinante en la construcción de nuevas mayorías. Ese proyecto fracasó, porque -a pesar del dispendio-, el dinero no logró atraer el voto de los ciudadanos a las urnas, al menos no en la medida que se esperaba, y los resultados del CCN fueron bastante pobres.

Diez años después, la Justicia parece tener ya claro lo que se gastó, cómo se hizo y con qué objetivos. Ahora falta que se pruebe.