La renovación del contrato que ha permitido funcionar a la Televisión Pública Canaria mueve cantidades multimillonarias: con una duración de ocho años, y 144 millones de euros en juego, se entiende que el asunto haya acabado por contaminar el debate político y parlamentario. Esa "contaminación" ha provocado un posicionamiento muy agresivo contra el presidente del Consejo del Ente, Santiago Negrín, por parte de Nueva Canarias y Podemos. Un posicionamiento al que ahora -en su estrategia de desgaste del Gobierno- se ha unido el Partido Popular, tras el fracaso de las negociaciones de Asier Antona para incorporarse al Ejecutivo. La decisión de Negrín de garantizar que el concurso se celebre ha provocado una brutal campaña de descrédito en la que han participado incluso periodistas que son directivos de la empresa actualmente adjudicataria. En las semanas previas a la pausa del verano, se desató también una operación parlamentaria urdida por Román Rodríguez, cuyo objetivo político era retrasar la celebración del concurso para que haya que realizar una prórroga del mismo, favoreciendo de esa forma al actual adjudicatario, el grupo VideoReport, liderado por el rotativo Canarias 7. Pero asumir esa prórroga ilegal supondría una prevaricación de tomo y lomo, y por eso se plantó Negrín y sacó en tiempo y forma los pliegos de una licitación abierta y objetiva.
Sorprendentemente, esa decisión de Negrín, la única posible en derecho, desató un alud de críticas por grupos como Nueva Canarias y Podemos -este teóricamente partidario de que la televisión pública sea explotada públicamente- y de los medios que se sienten afectados por la medida. El principal argumento es que Negrín carece de competencia para ejercer como órgano de contratación de la tele, algo que sí tenía el anterior director del ente, Willy García. García abusó de esa competencia, y su torticero abuso le llevó a estar imputado en los tribunales, precisamente por favorecer a empresas, pagar sobreprecios y similares golfadas. La estrategia de difamación contra Negrín, un personaje de trayectoria ejemplar, consistía en emparejarlo con el presunto delincuente que le precedió en la tele en la etapa anterior, además de someterlo a una brutal descalificación "ad hominen". Y el objetivo de esa estrategia es bloquear el inicio de cualquier proceso que pueda poner en riesgo una modificación del contrato actual.
Pero se ha producido una novedad: el catedrático de Derecho Administrativo Martín Orozco ha elaborado un informe que desmonta con contundencia todos los argumentos esgrimidos para solicitar el cese de Negrín como presidente del Consejo Rector de la Televisión Canaria, por supuesto exceso en sus funciones. El informe de Orozco es inapelable: Negrín tiene las competencias "plenas y exclusivas" para ejercer como "órgano de contratación". Si Román Rodríguez y su cuerda de teloneros parlamentarios continúan adelante en su intento de sacarlo del Consejo Rector, no podrán esgrimir un exceso en sus atribuciones. Tendrán que explicar por qué están tan interesados en que se prorrogue el actual contrato, aunque hacerlo suponga una ilegalidad como la copa de un pino. Y ya de paso, podrían explicarnos las reuniones que han tenido con los actuales contratistas, producidas en las últimas semanas, y de paso contarnos lo que se habló en ellas. Seguro que sería muy interesante?