En todas partes cuecen habas: estos días los periodistas nos hemos visto sorprendidos liminarmente por la abracadabrante noticia del presunto chantaje del periódico La Razón a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, y hoy nos encontramos con otra similar historia para no dormir, pero esta ocurre aquí, al lado. Sucedió en la comisión parlamentaria de control de la Tele Canaria, celebrada ayer por la mañana, cuando el presidente de su Consejo, Santiago Negrín, reveló ante sus atónitas señorías que ha presentado dos denuncias contra los responsables del Diario de Avisos. Este periódico, decano de la prensa de Canarias, y tradicionalmente ligado a los intereses agrarios de Tenerife, fue comprado hace un par de años a sus dueños -la familia Bacallado- por la empresa Plató del Atlántico, de la que es propietario el periodista Lucas Fernández. Plató del Atlántico es una de las tres o cuatro productoras que en los últimos años del "paulinato" mantuvo importantes niveles de contratación con la Televisión Canaria, dirigida entonces por el hoy imputado Willy García. Lo que reveló ayer Santiago Negrín en el Parlamento es que responsables del Diario de Avisos le presionaron para que mantuviera los niveles de contratación preexistentes antes de llegar él al Consejo, que suponían varios millones de euros. Parece ser que Negrín dispone de pruebas de haber sido sometido a ese intento de extorsión, además de haber sido injuriado y calumniado, y por eso se ha decidido a presentar una demanda penal ante los tribunales.
La declaración de Negrín se produjo en el contexto de explicar la guerra informativa declarada por el Diario de Avisos a la Televisión Canaria y al Gobierno regional, con la colaboración decidida de la consejera del Ente María Lorenzo, miembro del consejo a propuesta del PSOE, y al parecer vinculada familiar y profesionalmente a una empresa de transporte de señal televisiva, que en algún momento del pasado intentó ser la prestataria del transporte de la señal de la tele canaria. Los vínculos empresariales de Lorenzo podrían incompatibilizarla para el desempeño de su trabajo en el Consejo, pero ella no se ha planteado nunca dimitir de un puesto en el que entró por carambola tras la decisión de Francisco Moreno -exdirector de la tele- de no incorporarse al Consejo. Las filtraciones de documentos y acuerdos del Consejo al Diario y otros medios, que en el Ente se le atribuyen, han creado una situación de extraordinario malestar que dificulta cualquier negociación importante y paraliza el desempeño de los asuntos de trámite en la tele, según aseguró ayer Negrín.
Nadie puede discutir que las empresas de comunicación tengan el derecho a defender con legitimidad sus intereses, entre otras cosas porque la tele mueve importantes recursos públicos de los que viven las productoras. Pero no es tolerable que se filtre a un medio con intereses en la producción información sensible desde el Consejo, o que se recurra a la extorsión a golpe de portada para lograr posiciones de ventaja. Es imprescindible que las acusaciones de Negrín se aclaren, como ayer se le pidió unánimemente por los grupos parlamentarios. Conviene que las cosas que ha dicho sean probadas ante un tribunal. Y si eso ocurre, habrá que pensar que la crisis del sector de medios en las Islas se ha llevado por delante algo más que los beneficios de la industria de la comunicación. Se ha llevado también la credibilidad de algún medio y los valores deontológicos que deben guiar a los periodistas. Este es un feo asunto. Muy feo.