El Gobierno de Canarias ha decidido no personarse en la "Operación Gloria", la causa abierta contra Willy García por prevaricación y malversación de caudales públicos. El argumento para justificar esa negativa a personarse en la investigación, reiteradamente exigida por la oposición parlamentaria, es que la tele no depende actualmente del Gobierno, sino del Parlamento. Se trata de un argumento marrullero: es verdad que la tele depende desde finales de la legislatura pasada del Parlamento, pero también lo es que hasta ese momento, Willy García -nombrado directamente por el anterior presidente del Gobierno- dependía del Ejecutivo y el ente estaba además adscrito a la Consejería de Hacienda. Era Javier González Ortiz quien transmitía las instrucciones del Gobierno a Willy. El dinero presuntamente malversado por Willy y alguno de sus colegas era dinero público, que el Gobierno pasaba -y pasa aún- a la tele, y que es controlado por la Audiencia de Cuentas de Canarias. Es obvio, pues, el interés público de la personación en la causa.

La consejera de Hacienda, no sabe uno si actuando como portavoz del Gobierno o de la consejería ante la que antes reportaba Willy, fue la encargada de explicar -muy escuetamente- la decisión de no personarse del Gobierno, decisión que habrá alegrado lo suyo al actual asesor de comunicación de la propia consejera, directivo de Willy durante ocho años. Lo más divertido del caso es que Rosa Dávila ha dicho que este es un asunto que compete al Parlamento, institución que hace apenas unos días también se quitó de encima el asunto alegando que no era cosa suya, sino del Gobierno. En este juego de quitarse de en medio, queda por ver qué hará finalmente la propia tele, a la que Willy dejó sin un duro antes de irse. Santiago Negrín no ha querido tampoco comprometerse, y ha advertido en el Parlamento que la decisión compete al Consejo de la tele. Y de momento, rotundamente a favor de la personación sólo se ha pronunciado su consejera María Lorenzo.

Lo de Willy se ha convertido en una papa caliente para todo el mundo: aún se desconoce el alcance último de la investigación ordenada por la juez, aunque comienzan a trascender historias chiripitifláuticas de talones al portador entregados a familiares de directivos por productoras agradecidas. Hay un testigo, ya interrogado, que asegura que él entrego esos talones por orden de su jefe... o sea, que la lista de golferías presuntas crece y probablemente salpicará a mucha gente, a gente con puestos de responsabilidad política y mediática. Ni el Gobierno, ni el Parlamento, ni tampoco la tele actual quieren verse metidos de lleno en ese monumental marrón y la consigna que circula por los despachos es mantenerse lo más alejados posibles del foco de infección. Claro que no siempre eso es posible. La instrucción tiene nombres y apellidos, y algunos de esos nombres se pasean todavía vendiendo humo por la tele, por el Gobierno y por las redacciones de los periódicos con sus carpetas debajo del brazo.