Manuel Fajardo Palarea, recién nombrado por el Gobierno de Canarias viceconsejero de Justicia, afirmó ayer que cree que el Gobierno debería personarse como acusación en la causa contra Willy García y otros directivos de la tele canaria, aunque esa decisión no le corresponde a él. No quiso pronunciarse sobre si debe hacerlo también la tele canaria, dado que esa sería una decisión autónoma de la propia tele, que hoy no depende funcionalmente del Gobierno, sino del Parlamento. El nuevo presidente del Consejo, Santiago Negrín, solicitó al Parlamento un dictamen sobre este asunto, que al parecer ya se ha emitido, pasando la pelota al Gobierno.

Harían bien el Gobierno y la tele en sumarse a este procedimiento judicial, no sólo por el perjuicio objetivamente causado a las arcas públicas y de la televisión canaria por ocho años de amiguismo y despendole en las contrataciones realizadas por el Ente, también para recibir información de primera mano. En los últimos días ha trascendido que la jueza responsable de la investigación apunta claramente a tres empresas más, favorecidas de manera irregular durante estos años. La más importante de todas es la productora Doble Diez, de Santi Falcón, para la que Willy García también trabajó antes de que Paulino Rivero lo sacara de la universidad de la vida. Falcón facturó a la tele ocho millones y medio de euros por 17 programas realizados sólo entre 2008 y 2011, la etapa que -de momento- parece concentrar las investigaciones. Pero Doble diez siguió facturando cantidades multimillonarias prácticamente hasta la misma salida de Willy García. Una contradicción flagrante en la declaración de García, que alegó no tener ni haber tenido nunca ninguna relación especial con Falcón, ha sido desvelada por una grabación que demuestra la extraordinaria relación que une desde hace años al ex director general de la tele y el representante en Canarias de Doble Diez.

Los otros casos investigados son el de la productora Mackenzie Music, a la que se adjudicó por una fortuna un programa de escaso éxito, nada más entrar Willy García a la tele, y el de Siete Mares, otra pequeña productora creada para la ocasión -como Mckenzie- presuntamente vinculada a Rubén Fontes, que fuera hasta hace unos meses responsable de producción de la tele. Fontes, que compatibilizaba sus tareas en la tele con la secretaría general de Coalición Canaria en Gran Canaria, trabaja ahora para el dueño de la Unión Deportiva, el empresario Miguel Ángel Ramírez, cuya empresa de seguridad trabajó para su productora. Al parecer, algunos testigos han declarado que Fontes conspiró para aumentar el precio de las contrataciones, y anunció al resto de las productoras que una parte de la producción iba a ser para Siete Mares. Por decreto.

Según avanza la investigación, tiene uno cada vez más claro que la tele fue asaltada por un grupo de facinerosos que se repartieron su presupuesto como si fueran trozos de una tarta. El Gobierno y la tele (la de ahora) deberían personarse. Y exigir responsabilidades penales y civiles.