Vamos encontrando más claves. Una de las personas a las que Paulino Rivero consultó la "invasión" de su Gobierno en la Fundación CajaCanarias y la intervención de la entidad fue José Miguel González, que a sus cerca de 80 años sigue manejando los resortes de Coalición Canaria. Y asesorando directamente al jefe del Ejecutivo.

Este viejo político, metido en muchos y rentables negocios con empresarios locales, controlaba y controla desde su despacho parlamentario de Coalición Canaria sus propias inversiones.

Lo pueden atestiguar algunos de sus compañeros de partido. Ahora hay quien le acusa también de haber influido en la redacción y tramitación del Plan General de Santa Cruz para beneficiar edificios de su interés. Estas acusaciones ya son públicas y no las hemos hecho nosotros, sólo las recogemos. Pregunten, si no, al hombre de negro, al abogado Felipe Campos.

Pero José Miguel González Hernández, alias Pelopincho, siempre metido en cargos oficiales, casi desde que nació, mantenía viejas cuitas con Rodolfo Núñez y Álvaro Arvelo, a la sazón presidente y director general, respectivamente, de CajaCanarias, desde cuando González intentó conseguir de la entidad un préstamo de 4.000 millones de pesetas. Infructuosamente.

Pelopincho y el político lanzaroteño Honorio García Bravo, que había sido alcalde de Yaiza y que permaneció un tiempo en la cárcel por irregularidades durante su gestión municipal, pretendían comprar media Yaiza y construir complejos hoteleros y comerciales con esta cantidad multimillonaria. Ni Rodolfo Núñez ni Arvelo ni los técnicos de la entidad de crédito "vieron" la operación y por consiguiente negaron ese crédito a los dos políticos nacionalistas.

Andando los años, González se convirtió en asesor aulico de Paulino Rivero. Éste le consultó sobre la extraña incautación de la Fundación CajaCanarias, en una operación que nadie entiende, sino ellos, y Pelopincho, de una manera entusiasta, le aconsejó intervenir la entidad.

Lo que hizo, aún más entusiasmado, el presidente del Gobierno, en una operación que puede salir muy cara a los ciudadanos canarios si el Tribunal de lo Contencioso condenara en costas al Gobierno de Canarias, que ha sido demandado por la fundación legítima y por su presidente, a título particular.

En estos días, el Gobierno de Rivero deberá contestar al tribunal algunas preguntas planteadas por los magistrados. Esto podría dar una pista de por dónde irá la decisión final de los jueces encargados de dirimir, en primera instancia, el pleito planteado contra el Gobierno "invasor" de Paulino Rivero.

José Miguel González es ahora, y desde hace varias legislaturas, diputado regional. No se mueve del cargo, a pesar de su edad. Desechó la propuesta de su partido de entrar en la Audiencia de Cuentas al principio de esta legislatura. No puede estar sin sueldo oficial; percibe uno desde que terminó la carrera de ingeniero de Montes, cuando Franco era corneta.

Está pegado al banco parlamentario con poxipol. Desde su oficina parlamentaria sigue llevando sus negocios, llama aquí, llama allá. Se le considera como un hombre de la máxima influencia en Coalición Canaria.

González forma parte de esos poderes que nunca aparecen, pero que existen en las islas. Su palabra es escuchada por Rivero como la de un oráculo, lo mismo que escucha Rivero la palabra del presidente de los empresarios tinerfeños, José Carlos Francisco, alias Champancito.

Existe un clan en el poder que controla, que tira de los hilos del polichinela en el que se ha convertido Paulino Rivero Baute. Y funciona, vaya que si funciona. Que se lo pregunten a la fundación y a su patronato cesado. Y a la gestora entrante, a la que hay que echarle de comer aparte. Ahora se dedica a contar los cuadros de la fundación, a ver si falta alguno. Patético, Marisa, ratoncita hipnotizada.