La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz ha rechazado el proyecto básico presentado por los anteriores gestores de la residencia de mayores El Drago del Marqués, en Ifara, para adaptar el edificio a la legalidad.
En un informe al que ha tenido acceso este periódico, los técnicos advierten de que el proyecto incumple con determinados aspectos, tanto si la adaptación se hiciera conforme al planeamiento vigente, Plan General de Ordenación (PGO) 2013, como si se realizara con el PGO del 92 y el Plan Parcial de Ifara, normas urbanísticas que estaban en vigor cuando se construyó el inmueble, además de con las distintas resoluciones judiciales.
Si se atiende al planeamiento actual, y según detallan los técnicos de Urbanismo, el proyecto incumple con la dotación de aparcamientos (sujeto a los supuestos de excepcionalidad de las ordenanzas de edificación), las construcciones en cubierta (solo en las alturas de las construcciones auxiliares), con los cuerpos volados (sujeto a aclarar incoherencias entre las secciones y plantas del proyecto), con la edificabilidad máxima (se excede en 927,15 metros cuadrados) y la ocupación máxima permitida (se excede en 522,51 metros cuadrados).
Mientras, si la adaptación se realizara teniendo en cuenta el PGO del 92, el Plan Especial de Ifara y las resoluciones de la Justicia, el proyecto incumple con la altura máxima y número de plantas (únicamente en una zona puntual de la fachada sur), la preparación de la parcela (en lo relativo a la altura de los muros), el volumen máximo construido (se excede en 3.423,75 metros cuadrados y la ocupación máxima permitida (se excede en 575,73 metros cuadrados).
Además de los incumplimientos citados, el proyecto de adaptación de El Drago de El Marqués carece de la documentación preceptiva exigida en el artículo 2 y anejo I del Código Técnico de Edificación y Ordenanza Municipal Reguladora de los Regímenes de Intervención en Materia Urbanística.
Del mismo modo, y según establece Urbanismo, se deberá contar con el acuerdo previo favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), al estar la zona en la que se ubica la residencia afectada por servidumbres aeronáuticas.
También recuerda la Gerencia que la ocupación y utilización de la edificación irá precedida de una comunicación previa de primera ocupación y finalización.
Urbanismo da tres meses a los antiguos gestores de la residencia de mayores para que procedan a la modificación o rectificación del proyecto presentado.
Ayer, el concejal de Urbanismo de Santa Cruz recalcó que "a día de hoy" el juzgado aún no ha remitido a la Gerencia la orden de inicio del expediente de restablecimiento de la legalidad. Por tanto, indicó, "estamos en plazo tanto para que ellos subsanen como para iniciar el expediente cuando lo comunique el juzgado".
¿Qué planeamiento resultaría más beneficioso para la empresa a la hora de adaptar el proyecto? "A simple vista parece que es más fácil legalizar con el PGO del 2013 que con el del 92, pero el informe es negativo, así que van a tener que subsanar y, a partir de ahí, nosotros estaremos a su disposición", sostuvo Tarife.
¿Costaría lo mismo adaptar por un plan o por otro? "Seguramente no", avanzó el concejal. La estimación inicial que se había hecho sobre el coste de la reforma rondaba los 800.000 euros. "Pero el proyecto va a sufrir modificaciones", puntualizó.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo (TS) confirmó en enero la anulación de las licencias de construcción, habitabilidad y de actividad concedidas por el Ayuntamiento de Santa Cruz en los años 2003, 2004, 2008 y 2009 porque no se ajustaban al plan urbanístico desarrollado en el municipio.
Posteriormente, los antiguos gestores presentaron un proyecto de adaptación del inmueble a la legalidad, que ha sido informado de manera negativa ahora.
Entre tanto, la actual empresa que gestiona la residencia (Amavir) ha llegado a un acuerdo con los trabajadores para despedirlos y gran parte de los mayores que estaban en ella han sido recolocados en otros servicios.