Los despidos en la residencia de mayores El Drago del Marqués, en el núcleo santacrucero de Ifara, comenzarán el día 28 del presente mes, es decir, cuando finalice el actual proceso negociador del expediente regulador de empleo (ERE) entre la representación del personal y la empresa Amavir, compañía encargada de la gestión del centro. El cierre definitivo de las puertas de este geriátrico se producirá en el momento en que se logre realojar al último usuario. La medida se produce después de que los tribunales hayan dado la razón a un vecino de dicha zona, que denunció irregularidades en la construcción y las licencias otorgadas por el Ayuntamiento capitalino para edificar y abrir el inmueble entre los años 2003 y 2009.

Antes de los realojamientos, en dicha residencia vivían 176 mayores. En estos momentos quedan 39, según las fuentes consultadas.

El presidente del comité de empresa, José Ángel Mena González, indica que, a nivel laboral, los afectados por el cese de actividad son 114 empleados de Amavir y casi una decena de trabajadores de la cocina, que dependen de una empresa externa. Recuerda que la sociedad que explota el recinto tiene argumentos para echar el cierre, ya que hace días que en las instalaciones se bajó del 76 por ciento de ocupación, que es el mínimo para iniciar el ERE.

Mena expresa que a este problema "no hay solución" y que la satisfacción que le queda a los trabajadores es "haber sido muy profesionales hasta el final". Cada empleado tiene derecho, según la empresa, a una compensación de 20 días por año trabajado. Sin embargo, para José Ángel Mena, "merecemos más que esa propuesta económica".

Manifiesta que el proceso de realojo de los mayores está resultando complejo por la falta de plazas geriátricas disponibles en la Isla, sobre todo con el nivel de bienestar ofrecido en El Drago del Marqués, "donde no se ataba a los internos".

Todavía falta por buscar alojamiento a unos 39 usuarios, entre los que figuran parte de los derivados por el Servicio Canario de Salud (SCS), los asignados por el Instituto de Atención Social y Socio Sanitaria (IASS), y los que accedieron de forma privada.

El presidente del comité de empresa comenta que "cuesta muchísimo" trasladar a aquellos ancianos que disponen de plazas privadas. Dice que en algunas semanas la media de traslados de usuarios se ha situado en una decena, aunque a veces se ralentiza ese ritmo. El portavoz de los trabajadores afectados por el ERE apunta que, si no hay cambios significativos, el realojo podrá acabar a comienzos del próximo mes. Para Mena, "reubicarlos ha sido duro y se les ha trasladado, por ejemplo, a Icod de los Vinos, La Guancha, al Mirador de Ifara, al antiguo Hospital Militar (IASS) o al centro El Comienzo, ubicado en Radazul".

Mena González dice que Amavir prevé hacer otro centro, pero la clave es cuándo podrá abrir el mismo. Opina que si los responsables de la compañía sabían que este iba a ser el final, podían haber iniciado el proceso para la edificación de una nueva residencia hace tiempo, con lo que el daño psicológico y económico al personal se podía haber evitado o, al menos, reducido.

Varias fuentes coinciden en que en las dependencias El Drago del Marqués se recibieron clientes hasta hace tres meses.

José Ángel Mena González reconoce que vio entrar al primer usuario hace nueve años y ahora, por su condición de miembro del comité de empresa, es probable que vea salir al último.

Alicia Castro González tiene todavía a su madre en la residencia El Drago del Marqués y reconoce que está viviendo la situación "muy agobiada", ya que su progenitora tiene un alto grado de dependencia. Lleva siete años en silla de ruedas. Explica que "como ocupa una plaza privada concertada, no puedo ir a cualquier centro privado, primero porque no hay plazas; segundo porque pierdo la declaración de la dependencia, y tercero porque no tengo recursos para abonar una residencia privada, donde se puede llegar a pagar 2.000 o 2.500 euros al mes". Alicia Castro señala con rotundidad que "por ahora, no encuentro plaza". Hasta tal punto llega la situación que, lamentablemente, cree que se está a la espera de que fallezca una persona mayor en un centro para poder adjudicar su cama a uno de los usuarios que todavía esperan en El Drago del Marqués. Según Castro González, "a mi madre tampoco la aceptan en cualquier centro, debido a su elevado nivel de dependencia". A raíz de la desesperación que padece en las últimas semanas, comenta que ya ha expuesto el problema al presidente del Cabildo, Carlos Alonso; a una de las responsables del Instituto de Atención Social y Socio Sanitaria (IASS), o al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. Considera que los responsables de Amavir estaban en la obligación de informarnos de la situación del centro con anterioridad, sobre todo a los familiares de los mayores que entraron en los últimos meses.

El TSJC declaró nulas las licencias municipales

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaró la nulidad de las licencias de construcción, habitabilidad y de actividad que fueron concedidas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en los años 2003, 2004, 2008 y 2009 al geriátrico. El motivo de esa sentencia fue que las mismas no se ajustaban al plan urbanístico establecido para la zona de Ifara, donde se levanta la residencia El Drago del Marqués. En enero se informó a trabajadores y los familiares de los internos de que a finales de este mes se procedería al cierre de las instalaciones.

La denuncia de un vecino destapó las ilegalidades

El proceso judicial comenzó con la denuncia de un vecino de Ifara contra la edificación. Inicialmente, la Justicia determinó la demolición parcial del inmueble, concretamente un hueco de ascensor, un espacio residencial con cinco plazas y el tanatorio. La propiedad formalizó un proyecto de demolición. Sin embargo, el denunciante interpuso una segunda demanda en la que pidió la nulidad de las citadas licencias y el cese de la actividad del geriátrico, que fue tenida en cuenta por el TSJC. La empresa recurrió al Tribunal Supremo, que no admitió el mencionado recurso.