El Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife dio a conocer ayer el balance de actuaciones referentes a la protección y la conservación de los recursos naturales de la Isla en 2018.
Se trata del segundo año en el que se presenta esta memoria, en un acto en el que comparecieron el consejero de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena; la jefa funcional del Área, Lola Viso, y los agentes Jonás Hernández y Antonio Barro, que destacaron la realización de 1.815 operaciones el pasado año y el registro de 265 denuncias, una de ellas tramitada por la vía penal por un delito de ordenación del territorio.
Jonás Hernández indicó que estas se dividieron en dos tipologías principales: las denuncias que tienen que ver con el uso público y la realización de acampadas en el entorno de los espacios naturales, cuantificándose un total de 76 requerimientos; y las que, según el agente, "desgraciadamente se tienen que interponer por cuestiones de disciplina urbanística y ambiental", detectándose 71 casos de un tipo de infracción (obras, vallados y movimientos de tierra que se llevaron a cabo sin los permisos y licencias necesarios) que "ha estado presente y seguirá estando presente tal y como se ha desarrollado el urbanismo en Canarias", afirmó.
En este sentido, el consejero del área, José Antonio Valbuena, resaltó la necesidad de disponer de una red de agentes superior a la actual debido "al calibre de la presión a la que se ven sometidos los espacios naturales de la tierra".
Asimismo, el uso de drones es otra de las medidas en las que se centra la atención de este equipo de profesionales. Una herramienta que se está empezando a utilizar pero que aún no poseen en propiedad, tal y como comentó Antonio Barro durante el balance. "Nuestra intención era comprar un dron específico, pero se ha optado por alquilar servicios concretos cuando tengamos que sobrevolar alguna zona", expresó acerca de una tecnología que se considera fundamental para realizar aquellos trabajos que antes les era imposible afrontar.