El grupo de gobierno en el Cabildo de Tenerife ha gastado entre 2015 y 2018 un total de 120.694.584 euros del presupuesto insular con reparos de legalidad de Intervención General, según denuncia este lunes Podemos.

Su portavoz, Fernando Sabaté, apunta en una nota que esa cantidad representa que el Ejecutivo de Carlos Alonso ha gastado en contra del criterio de legalidad de Intervención una media de 110.223 euros al día, incluyendo sábados y domingos.

"Esto es un escándalo se mire como se mire, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando solo de las advertencias de gasto irregular en el Cabildo, sin contar las referidas a los organismos autónomos, sociedades y fundaciones de esta institución", apunta.

Sabaté añade que sumando las discrepancias de Intervención con las operaciones financieras de alto riesgo del tipo ''swap'' contratadas en 2011 en este Cabildo, el cómputo total de gasto reparado por el área de fiscalización económica del Cabildo entre 2015 y 2017 asciende a 599.960.639 euros.

"La cifra da hasta mareo, si bien es cierto que, por asuntos contables, la misma incluye tres veces la cuantía total de los swap contratados, pues el informe de reparos de Intervención recoge el importe total de esas operaciones financieras cada año", comenta.

En cuanto a la evolución de gasto anual realizado en este Cabildo con advertencia de ilegalidad por parte de Intervención, Sabaté detalla que ascendió a 31,9 millones de euros en 2015, a 30,6 millones en 2016 y a 58 millones de euros en 2017.

"Esto según el cómputo validado por el propio presidente insular, Carlos Alonso, en un informe que rebate los reparos y las advertencias realizadas por Intervención", indica.

Añadiendo cada año el importe total de los swap contratados, tal y como hace el área de fiscalización económica insular en el informe anual que remite al Tribunal de Cuentas, la cuantía de gasto reparado sumó 203,7 millones de euros en 2015, 215,2 millones en 2016 y 180,9 millones en 2017.

El portavoz de Podemos subraya también que, aunque el gobierno insular incide en que todos estos reparos han sido resueltos favorablemente apoyándose en informes del secretario general del pleno y titular de la asesoría jurídica en sentido contrario a lo manifestado por la Intervención General, lo cierto es que "resulta preocupante que el grupo de gobierno gasten tantísimo dinero con cuantiosas discrepancias legales del área de fiscalización económica".

AJUSTAR EL GASTO AL PRESUPUESTO

En esa línea, apunta que "por mucho que este grupo de gobierno trate de minimizar la importancia y gravedad de esas discrepancias de legalidad en su forma de gastar el presupuesto del Cabildo, a nadie se le escapa que Intervención se limita a hacer advertencias en función de lo que marca la legalidad vigente, no en base a caprichos o criterios subjetivos".

Concluye su argumentación Sabaté planteando una pregunta: "¿Qué sería lo correcto?, pues lo suyo sería que el Ejecutivo de Carlos Alonso asumiera que es fundamental adaptar el gasto presupuestario del Cabildo a los criterios de legalidad de Intervención, máxime si se tiene en cuenta que sus reparos aluden a anomalías en procesos de contratación y adjudicación de personal, obras y servicios o, entre otras cuestiones inquietantes, al alarmante exceso de subvenciones a dedo que lleva a cabo este gobierno".