El Gobierno repercutirá sobre las administraciones públicas incumplidoras la multa millonaria que le impuso el Tribunal de Justicia de la UE por depurar mal sus aguas residuales en 17 núcleos urbanos.
Así lo anunció ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien compareció en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso para informar sobre las causas y las consecuencias de la sanción del Tribunal de Justicia de la UE del pasado junio.
La sentencia condenó a España a abonar a la Comisión Europea una multa coercitiva de 10,9 millones por cada semestre de retraso y una suma de 12 millones por incumplir la norma comunitaria de saneamiento de aguas en 17 núcleos.
De las 17 aglomeraciones urbanas afectadas por la sanción, 8 ya están en situación de cumplimiento, explicó Hugo Morán. Son las de San Pedro de Alcantara (Málaga), Noreste (en Valle de Guerra-Tenerife); Benicarló, Peñíscola (Castellón), Teulada Moraira (Rada Moraira, en Alicante), Aguiño-Carreira-Riberia (La Coruña), Santiago de Compostela y Vigo.
De las nueve que siguen en situación de incumplimiento, cuatro han sido declaradas ya de interés general y el Estado está ya trabajando en ellas.
Las cinco restantes son de competencia autonómica: Alhaurín el Grande (Málaga), Coín (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Valle de Güímar (Tenerife) y Tarifa (Cádiz).