El pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado hoy con el voto en contra del PP una moción en la que pide que el Parlamento y el Gobierno de Canarias introduzcan un tipo del IGIC incrementado para los vehículos de combustión destinados al alquiler que pueda adicionalmente constituirse como un impuesto específico por uso diario por vehículo de alquiler.

En la iniciativa se insta a los demás cabildos a crear un grupo de trabajo para "un cambio profundo en la fiscalidad relativa a la movilidad privada y en particular a la del turista en relación con el uso del vehículo de alquiler, la emisión de gases de efecto invernadero y la movilidad en vehículo eléctrico".

También se estudiarían en ese grupo de trabajo "otras medidas fiscales que permitan equilibrar el impacto de la actividad turística sobre el territorio y su sostenibilidad y contribuyan a una mejor distribución de la renta".

Según la propuesta del Cabildo de Tenerife, la recaudación por la mayor fiscalidad a los coches de alquiler de combustión se destinaría a "la financiación de servicios básicos en las islas, tanto en el ámbito de la movilidad como en el de los servicios sociales".

En la moción se plantea introducir "medidas fiscales para impulsar el uso del transporte público" y diferencias fiscales a favor de los vehículos eléctricos.

También quiere el Cabildo que los turistas paguen por servicio en los espacios naturales de las islas para contribuir a financiar su mantenimiento.

El consejero del PP Manuel Domínguez expresó en un comunicado su rechazó frontal a la imposición de medidas fiscales más gravosas a los coches de alquiler, una idea que atribuye al presidente del Cabildo, Carlos Alonso, para ocultar "su incapacidad manifiesta" para resolver los problemas de movilidad de la isla.

Señaló que esta idea surge en un momento en el que las cifras de llegada de turistas se están estancando y contribuiría a perjudicar la base económica de la isla, que es el turismo.

Domínguez confió en que el Gobierno de Canarias "pare los pies" a Carlos Alonso y que el presidente del ejecutivo regional, Fernando Clavijo, se atreva a "ponerle en su sitio", puesto que en ese asunto el Cabildo no tiene competencias.