La consejera insular Ana Zurita puso ayer en cuestión la "capacidad legal" del Cabildo de Tenerife para interferir en la gestión que hace el Ayuntamiento de Santa Cruz de su patrimonio histórico.
Zurita solicitará en pleno que se celebra mañana en la Corporación insular que la responsable del área, Josefa Mesa, aclare cuál es el "marco legal" en el que se piensa amparar para poner en tela de juicio los derechos de los propietarios de 550 inmuebles de la ciudad a los que se les pretende presuponer ahora un valor patrimonial que no está reconocido por los instrumentos urbanísticos vigentes.
En este sentido, Zurita indicó que el actual Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico de Santa Cruz fue aprobado conjuntamente con el Plan General de Ordenación (PGO), fue informado favorablemente por las administraciones obligadas y obtuvo su aprobación definitiva por la Cotmac, con lo cual adquirió condiciones plenas de vigencia y efectos.
Además, la consejera del PP argumentó que "el acto administrativo de otorgamiento de una licencia corresponde absolutamente al ayuntamiento y solo es anulable por haber infringido las condiciones por las que fue dada o, en su caso, porque se anula todo el documento normativo en el que se enmarcan sus condiciones de actuación, circunstancias que nunca se dieron en los inmuebles de la calle Puerta Canseco por mucho que el área de Patrimonio del Cabildo haya tratado de invadir la competencias municipales".