Los grupos políticos que conforman el arco plenario del Cabildo de Tenerife reprobaron ayer la gestión empresarial del grancanario Miguel Ángel Ramírez por la incidencia negativa que ha tenido en los trabajadores vinculados a su grupo de prestación de servicios en materia de seguridad y limpieza, una moción cuya base fue la propuesta de Podemos sobre la intención de declararle "persona non grata". Esta moción fue enmendada por otra de sustitución amparada por CC y PSOE que si bien no recogía la declaración propuesta de Podemos, sí el resto de sensibilidades al respecto.

Esos matices fueron defendidos por el PP, que parecía que la única intención de que se incluyera su texto alternativo era que no se viera reflejado el nombre de Miguel Ángel Ramírez, a pesar del aparente acuerdo general que existía.

Tal fue el asunto, que el presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso, pasó por votación individualizada cada uno de los cinco puntos del acuerdo de la moción enmendada, recogiendo el nombre del empresario y cualquier rechazo a otros que no cumplan con la legislación vigente en materia laboral. En este caso, el PP se desmarcó por completo.

Este fue el asunto más destacado de un pleno que duró cerca de tres horas en el que se vivió algún momento de tensión. Este vino por la defensa que hizo María José Belda (Podemos) sobre la necesidad de declarar persona "non grata" a Ramírez, aunque fuera "de forma simbólica" por el incumplimiento sistemático del empresario con sus trabajadores y sus obligaciones con la hacienda estatal.

En su turno de palabra, Miguel Ángel Pérez (PSOE) fue bastante ácido con la petición podemita y no dejó escapar la oportunidad de señalar que "lo de ustedes es de psiquiatría. Piden que se declare persona non grata a Ramírez por incumplimiento del ordenamiento jurídico el mismo día en que vienen con un lazo amarillo en apoyo a actividades que van en contra del mismo ordenamiento democrático, como las defendidas por Carlos Puigdemont en Cataluña".

Belda llegó a considerar esta observación de "falta de respeto" contra un posicionamiento democrático, evitando entrar al trapo sobre la declaración de Pérez.

El consejero Manuel Fernández (PP) no quiso meterse en esa guerra de guerrillas y apuntó que en esencia su grupo estaba muy cercano a la idea de CC y PSOE, aunque pretendía un único acuerdo más generalista que no incluyera el nombre de Ramírez. "Pretendemos la condena, rechazo y repulsa a cualquier empresario que vulnere los derechos de los trabajadores", dijo el popular

En este punto de los 35 propuestos, Efraín Medina (CC) defendió la propuesta del grupo de gobierno en base a la necesidad de "salir del estado de confort en el que estamos", apostando por reclamar desde las propias instituciones a los sectores empresariales "el incremento de los sueldos de los trabajadores y la mejora de la calidad de los empleos, tal y como ha defendido el presidente del Cabildo (Carlos Alonso), y reprobar las prácticas abusivas de todos los empresarios y de Miguel Ángel Ramírez", incluido.

La enmienda de sustitución y todos sus puntos fueron asumidos por CC, PSOE y Podemos con el rechazo del PP, aunque solo el referido al apoyo de la labor sindical obtuvo la unanimidad del foro, 27 votos.

En otro orden de cosas, se llevó al pleno otra vez la propuesta de la modificación del Reglamento del pleno acerca de la limitación de los tiempos, que volvía a su votación tras detectarse un defecto de forma en la votación del pleno pasado. En este caso, tanto el PP como Podemos apostaban "por la proporcionalidad" en los repartos de los tiempos para impedir "un monólogo" del presidente.

Al final, rechazo a las enmiendas de los populares y podemitas y aprobación del dictamen de modificación por 15 votos a favor (CC y PSOE) y 11 abstenciones (PP y Podemos).

otros asuntos

Un acuerdo que fue institucional por su gran importancia fue la petición al Estado (CC-PSOE) de ampliar los permisos por hospitalización a los padres que tienen a sus hijos en estancias hospitalarias.

Los grupos coincidieron unánimemente (propuesta de CC-PSOE) en que el Estado incluya en su cartera de servicios sanitarios la atención temprana de forma gratuita y con calidad a los niños de entre 0 y 6 años.

Otra propuesta de gran importancia (CC-PSOE) que tampoco tuvo debate por institucional fue la reclamación al Estado de la bonificación en un 75% del billete a los residentes en Canarias.

Las formaciones también fueron unánimes sobre una moción del PP en la que solicita la implementación de la medicina geriátrica en el sistema sanitario actual.