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Una ley estatal impide al Puerto de la Cruz disponer de 2,4 millones

El incumplimiento de la regla del gasto y del plan económico-financiero en 2017 obliga al Consistorio norteño a declarar indisponible el 6,5% de su presupuesto para 2018.
Raúl Sánchez, Puerto de la Cruz
8/mar/18 6:10 AM
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Una ley estatal impide al Puerto de la Cruz disponer de 2,4 millones

La polémica Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), aprobada por el PP en 2012 para su aplicación en todas las administraciones públicas del estado español, impide que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz pueda disponer este año de 2,44 millones de euros, el 6,5% de su presupuesto para 2018. El incumplimiento de la temida regla del gasto y del plan económico-financiero en el ejercicio de 2017 condena al Consistorio portuense, pese a su buena salud financiera, a declarar "indisponible" una cifra equivalente a 406 millones de las antiguas pesetas.

La Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) considera que esta merma de 2,4 millones en un presupuesto de 37,4 millones de euros es "fruto de la mala gestión del gobierno local de PP y CC, que impedirá que estos 2,4 millones de euros se puedan destinar a cubrir necesidades de los portuenses".

La ACP destaca que el incumplimiento de la regla del gasto por parte del ayuntamiento portuense "asciende al 16,60%, frente al límite del 2,30% que establece la legislación estatal". La formación asamblearia considera que la ley impulsada por el ministro Montoro (PP) es "manifiestamente injusta con las corporaciones locales, pero, a pesar de ello, el gobierno del Puerto de la Cruz ha venido actuando más como defensor de la norma y de las decisiones del ministro del PP que como defensor del municipio y de sus vecinos".

Este recorte presupuestario que debe aplicar el ayuntamiento se debe también, según remarca la ACP, "al incumplimiento del plan económico y financiero aprobado en solitario por el propio gobierno municipal en mayo de 2016 y que recogía, como medida principal, sacar a concesión administrativa los establecimientos de restauración de la empresa Pamarsa antes del 1 de octubre de 2016 con el fin de evitar recortes más drásticos. Un año y medio después, aún no se ha cumplido".

La edil de Gestión Económica del Consistorio portuense, Sandra Rodríguez (CC), resta importancia al bloqueo de 2,44 millones de euros del presupuesto municipal, "que solo nos afectará durante 2018", y considera que "lo verdaderamente importante es que este ayuntamiento ha pasado de tener en 2012 un remanente de tesorería en negativo, de -17 millones de euros, a cerrar 2017 con 17 millones de euros en positivo. Todo gracias a una política de ahorro y saneamiento económico, que se ha podido realizar gracias al esfuerzo de todos los portuenses".

"Para que la gente nos entienda, el remanente es algo parecido al ahorro del ayuntamiento. Tenemos 17 millones de euros ahorrados y, de esa cantidad, el Estado nos obliga a declarar indisponibles, o sea no tocar, 2,44 millones de euros", indica Rodríguez.

"La buena situación económica de este ayuntamiento nos va a permitir aplicar este año la mayor rebaja fiscal, y a los vecinos ahorrarse dos millones de euros en impuestos y tasas, además de ejecutar más inversiones y de ampliar, en breve, el gasto en servicios como la limpieza y la recogida de basuras", añade la concejala.

Según Rodríguez, "siempre hemos dicho que la regla del gasto es injusta, y la hemos incumplido por un desfase de Pamarsa, pero eso no supone perder esos 2,4 millones de euros, sino no poder usarlos en 2018".

Respecto al plan económico financiero y la licitación de los establecimientos de restauración de Pamarsa, Rodríguez anuncia que su gobierno tiene previsto sacarlos a concesión antes de que termine el mes de abril.

La edil nacionalista acusa a la ACP de "tratar de vender una situación catastrofista cuando la realidad es que este ayuntamiento ha logrado cancelar su deuda bancaria y salir del plan de ajuste cinco años antes de lo previsto".

Un instrumento de disciplina presupuestaria

La regla de gasto es un instrumento de disciplina presupuestaria, impuesto por el Gobierno de España a las administraciones públicas, cuyo objetivo es "garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que, en un horizonte de medio plazo, el crecimiento del gasto de las administraciones públicas venga limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo", según informa la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. La aplicación de esta regla presupuestaria "impide que el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) a medio plazo de la economía española, siendo posible superarla, únicamente, en el supuesto de que ese exceso se compense con aumentos de ingresos de carácter permanente". La actual regla de gasto aparece con la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y se aplicó por primera vez en el ejercicio de 2013.