La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife emitió un auto concediendo una prórroga de un año de la suspensión de las penas privativas de libertad impuestas a los empresarios Pedro Sicilia Delgado, José Enrique Morales Rodríguez y Antonio Plasencia Santos, condicionando la suspensión a que los mismos depositen la fianza determinada en el auto de apertura de juicio oral, el 11 de diciembre de 2014.

Por tanto, si los empresarios que extrajeron árido de los barrancos de Güímar, "autores criminales responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente" -porque así se reconocen en la sentencia firme del 28 de enero de 2016-, presentan la fianza seguirán evitando la cárcel. Pedro Sicilia Delgado, representante de Extracciones de Áridos Canarios (titular de la cantera Extracsa), debe presentar una fianza de 39.064.475,65 euros; por la sociedad Áridos del Sur (titular de la cantera Badajoz), a su representante, Antonio Plasencia, le pide el tribunal una fianza de 66.422.000,46 euros; mientras que el representante legal de Hermanos Morales Martín (empresa titular de la cantera Badén II), José Enrique Morales, tendrá que depositar 62.936.683,02.

El auto, emitido ayer, considera que al cabo de los dos años transcurridos desde que los tres empresarios fueron condenados a un año y tres meses de cárcel -tras un acuerdo que alcanzaron con la Fiscalía, la acusación particular y el Ayuntamiento de Güímar- es evidente "la falta de restauración del equilibrio medioambiental alterado por los hechos delictivos".

El 28 de enero de 2016, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife suspendió durante dos años la entrada en la cárcel de estos tres empresarios con la condición de "la adopción, a cargo de cada uno de los condenados, de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado en cada una de las áreas donde los acusados ejercieron la actividad".

El tribunal, presidido por el magistrado Joaquín Astor Landete, rechazó los argumentos de los tres condenados, quienes se amparaban en que la sentencia determinaba que correspondía a las administraciones la redacción y aprobación del oportuno plan de restauración y argumentaron que sí habían puesto en marcha proyectos para restaurar las canteras.

En el caso de José Enrique Morales, la Audiencia considera que la revisión de un proyecto anterior que promovió el condenado permite "atribuirle, al menos parcialmente (...), su falta de impulso activo e, incluso, su renuencia a aceptar los requerimientos que realizaba el órgano administrativo que finalmente asumió la competencia".

Pedro Sicilia mantuvo que no tiene por qué elaborar proyecto alguno y Antonio Plasencia presentó uno incluso antes de la sentencia de 2016, pero la Audiencia lo rechaza por "falta de aprobación del proyecto restaurativo, entre otros motivos por la necesidad de actualización del mismo a la situación urbanística vigente", algo no atribuible a las administraciones.

Para que se impliquen

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ya advierte en su auto de ayer sobre la ampliación de la libertad a los empresarios areneros durante un año más, indicando que "debe considerarse que este plazo, aun probablemente insuficiente para la plena realización de las medidas restauradoras, permitirá la necesaria implicación de los ejecutados en la elaboración de los proyectos de restauración y el cumplimiento de los requerimientos administrativos a fin de adecuarlos a la legalidad vigente".

Se justifica la fianza

"A fin de asegurar la eficacia de los proyectos de restauración cuya elaboración y aprobación penden, parece necesaria la imposición, como condición a los ejecutados, el afianzamiento del cumplimiento de sus responsabilidades". Con ello, la Audiencia Provincial justifica la imposición de las fianzas, un argumento esgrimido por la acusación particular y por la propia Fiscalía. Las costas, en cualquier caso, fueron declaradas de oficio.