"Estimamos el recurso contencioso-administrativo y anulamos el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de 2013, sin costas". Este es, en resumen, el fallo de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que recibió ayer el Ayuntamiento de la capital tinerfeña y que es consecuencia de la demanda que había presentado la empresa Puzolana y Áridos Tenerife, S.L.

En concreto, la sentencia del Alto Tribunal canario anula el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), de 30 de julio de 2013, cuestión que conduce a la anulación del PGO.

La objeción fundamental del TSJC a la hora de fundamentar la nulidad del documento responde a la ausencia de procedimiento de evaluación ambiental del planeamiento, punto acordado con el Gobierno de Canarias a través de la Cotmac, aclaró el consistorio en un comunicado.

La Sala del TSJC, sin embargo, es contundente al respecto: "Si consideramos que desde el 21 de julio de 2006 hasta la aprobación del plan en 2013 han transcurrido siete años, resulta patente que no había razón alguna para que se considerara inviable el sometimiento del mismo al procedimiento de evaluación ambiental; y a ello se suma que la declaración de inviabilidad no se produjo, sino que se intentó justificar esta circunstancia con ocasión de la aprobación del plan".

En este sentido, el ayuntamiento recordó que a lo largo de la tramitación del expediente administrativo, desde 2006, la Cotmac y el ayuntamiento entendieron "cumplido" el trámite de evaluación ambiental del documento con el contenido ambiental exigible a los Informes de Sostenibilidad, según las tesis avaladas por los servicios jurídicos y técnicos tanto de la Cotmac como de Pleno municipal.

Por ello, el consistorio avanzó que recurrirá el fallo en casación ante el Tribunal Supremo (TS). Para ello dispone de 30 días.

Y en esta línea, incidió en que tanto el Plan General de Ordenación como el conjunto de planes especiales asociados "mantendrán plena vigencia", sin generar la menor afección a la economía y a la sociedad de la capital.

"La prudencia aconseja aguardar a la resolución judicial definitiva por parte del TS, ya que existen distintos precedentes análogos que afectan a otros municipios, y, además, con anterioridad el consistorio ha ganado todos los recursos presentados contra la ordenación del planeamiento municipal de la ciudad", subrayó.

Por el contrario, el hasta hace pocas semanas concejal de Urbanismo Carlos Garcinuño consideró un "disparate" la decisión de recurrir la sentencia, porque eso significará que habrá que esperar unos dos años por la resolución. El exedil indicó que en la Gerencia tenían "tan asumido" que el documento urbanístico sería anulado, como el de El Rosario por el mismo motivo, "que ya habíamos tomado medidas".

En concreto, sacar a concurso el pliego para adjudicar la redacción del plan corrigiendo los errores que se han detectado y añadiendo la evaluación ambiental.